EXTRACTIVISMO, UNA ACTIVIDAD QUE ATENTA CONTRA LA SUSTENTABILIDAD

Partiendo de este pronunciamiento, podemos advertir el extractivismo mediante la actividad intensa de explotación de recursos naturales en grandiosos volúmenes, cuya finalidad es exportarlos para alimentar y sostener un mercado de orden internacional, muy alejado del lugar de origen y cuyos beneficios no son evidentes para la sociedad que los provee (Luque, Herrero-García y Peñaherrera, 2018). De esta manera, Gudynas (2013, p. 2), comenta que “los usos más conocidos de este término están estrechamente asociados a dos tipos de actividades: la explotación minera y petrolera, y un destino específico: su exportación”, pero también podemos incluir la agricultura intensiva de monocultivos o de la actividad pecuaria con fines de exportación.

Por lo tanto, Gudynas (2013, p. 2), además, opina que esta substracción de recursos naturales

puede ser directa, donde hay una apropiación de recursos en ambientes naturales o poco modificados, los que serán utilizados directamente por los humanos (por ejemplo, talar árboles para obtener madera), o puede ser indirecta, donde primero se transforma la naturaleza, y a partir de allí se pueden obtener los recursos a ser consumidos (es el caso de convertir un bosque en tierras de cultivos, para luego cosechar granos).

Sobresale que esta actividad extractivista no diferencia entre recursos naturales no renovables o renovables, por lo que presenta un modelo totalmente perjudicial y que está en constante expansión. Además, según Azamar-Alonso y Carrillo-González (2017, p. 406), la presencia de

proyectos extractivos en regiones subdesarrolladas también obedece a la alta demanda internacional de bienes primarios de los países emergentes y de las naciones desarrolladas, dicha demanda depende de la violencia económica ejercida en contra de las naciones subdesarrolladas, misma que se da en forma de excesivos niveles de interés en la deuda contraída, o por medio de condiciones abusivas para acceder a préstamos.

Por lo cual, el extractivismo impulsa y circunscribe el desplazamiento de enormes montos de recursos naturales, con ningúnproceso que medie de carácter productivo, ya que su propósito es ser enviados a otros lugares del mundo para su tratamiento industrial. Como es evidente, el extractivismo promueve una desindustrialización en las naciones que proveen estas materias primas, y a las cuales vuelven los productos procesados para su consumo a un precio más exorbitante. De esta manera, el extractivismo conlleva implícitamente un modelo que es insostenible tanto ambiental como socioeconómicamente.

Actualmente, se reconocen dos tipos de extractivismo: uno que es denominado convencional, y otro que es nombrado como neoextractivismo. El convencional tiene por propósito, de acuerdo con Portillo (2014, p. 15), “alcanzar altas tasas de crecimiento económico a través del estímulo de las exportaciones. En este marco, la IED en sectores como la minería y los hidrocarburos resulta fundamental”. Mientras el neoextractivismo, señala este mismo autor, se caracteriza por un “auge fuerte y prolongado en los precios de las materias primas, particularmente mineras e hidrocarburíferas; tasas de crecimiento económico relativamente altas y, por último, surgimiento de movimientos políticos de carácter progresista” (p. 17).

IMPACTOS DEL EXTRACTIVISMO

Por lo antes mencionado, Gudynas (2014, p. 79) comenta que en las últimas décadas “los conflictos frente a actividades extractivas han cobrado enorme importancia. Se han extendido a muchos países, en varios de ellos han aumentado su intensidad, y logran articular diversas temáticas, tanto sociales como ambientales”. Esto es supeditado particularmente, según Carvajal (2016, p. 9), a la parcelación que subsiste en el ámbito del trabajo donde

asigna a unos países el rol de importadores de materias primas para ser procesadas y a otros el de exportadores; esta división es funcional exclusivamente al crecimiento económico de los primeros, sin ningún reparo en la sustentabilidad de los proyectos, ni el deterioro ambiental y social generado en los países productores de materias primas.

Por ejemplo, en el caso de la minería, para lograr obtener tres kilogramos de cobre es necesario remover y procesar 1,000 kilogramos de suelo; de igual manera, para la obtención de un kilogramo de oro se requieren 540,000 kilogramos de superficie terrestre, según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA, 2019a). De estas últimas circunstancias nace el hecho de que se generen

grandes volúmenes de residuos, en parte desechos rocosos mineralizados con metales diferentes al oro que generalmente se relacionan con la acidificación de aguas y la consiguiente liberación de especies químicas tóxicas que acompañan al oro (en particular metales pesados), y en parte las denominadas colas o relaves consistentes de lodos altamente contaminados con químicos adicionados en los procesos de beneficio de oro, además de acompañantes de oro que también son liberados a las aguas, en este caso muy alcalinas (Cabrera y Fierro, 2013, p. 91).

Esto deja como consecuencia un pasivo ambiental en las enormes cantidades de suelo perturbadas, así como en la cantidad considerable de agua y energía que emplean para sus procesos. En lo relativo al empleo de agua, Cabrera y Fierro (2013) comentan que para producir un gramo de oro se consumen entre 450 a 1060 litros de agua, y para tener un punto de comparación, tan sólo para producir un gramo de maíz se demanda entre 0.8 a 2.5 litros de agua. Además, también generan una proporción enorme de residuos peligrosos que son emanados por sus actividades, de tal manera que, para reunir un kilogramo de plata se demanda usar 2.1 kilogramos de mercurio (Castro, 2013). Por consecuencia, deja un problema ambiental y una deuda ecológica que recaerá en el país de donde se substraen los recursos naturales.

Adicionalmente, se generan impactos tanto sociales como económicos, que se muestran en la desigualdad entre las personas cercanas al emprendimiento, que motiva que otras fuentes locales de carácter laboral se deterioren o bien se disuelvan, como las actividades agropecuarias a menor escala. Lo anteriormente genera un desplazamiento obligado de las personas oriundas del lugar, y en muchos casos claudican las formas culturales de vida existentes en los sitios intervenidos (OLCA, 2019a).

En este contexto, Luque, Herrero-García y Peñaherrera (2018, p.131), comentan que la

externalización de riesgos (químicos, radioactivos, medioambientales, etc.) producidos por las actividades del extractivismo, no puede estar subcontratada hacia países más pobres, sin recursos, en muchos casos con altos índices de corrupción o Estados fallidos a la sombra de gobiernos ávidos de inversión, sin legislación nacional confiable y con ausencia de un organismo internacional que vele por ello.