Apuntes sobre los mecanismos de acceso a la representación política para grupos en situación de vulnerabilidad en los procesos electorales de 2021 y 2024
Aldo Huerta-Alderete* ORCID: 0000-0002-1576-6653
CIENCIA UANL / AÑO 27, No.128, noviembre-diciembre 2024
DOI: https://doi.org/10.29105/cienciauanl27.128-2
El proceso electoral 2023-2024 tuvo un carácter excepcional por una multiplicidad de factores. En la concurrencia entre las elecciones federales y de las 32 entidades federativas se renovaron más de 19,000 cargos de elección popular (INE, 2024), la mayor cantidad en la historia del país. A nivel nacional, el porcentaje de participación ciudadana, cuya asistencia a las urnas ascendió a 61.04% (equivalente a 60 millones 115, 184 votos computados), tuvo como resultado a la primera mujer electa presidenta. La consolidación de la hegemonía de un partido en la Cámara de Diputados, el Senado de la República, congresos locales, gubernaturas y ayuntamientos cambió sustancialmente el mapa electoral. Sin embargo, un elemento clave que pasa desapercibido es la postulación de personas adscritas a grupos históricamente excluidos: indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad, con orientación sexual e identidad de género (OSIG) no normativas.
La antesala para el acceso a los mecanismos de representación política mediante cargos de elección popular fue el proceso electoral de 2020-2021. A través de acuerdos emitidos por los Consejos Generales tanto del Instituto Nacional Electoral (INE) como de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), se estableció un sistema de cuotas para la postulación de candidaturas cuya titularidad fuese para personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos y que, además, debieron apegarse al principio de paridad de género. Estas acciones afirmativas son la derivación de un largo proceso de lucha social por el reconocimiento de los derechos políticos electorales. En cumplimiento de dichos acuerdos, se reformularon las leyes reglamentarias en materia electoral para asegurar la participación de estos grupos en las elecciones de 2024.
Ante la aparición de estos actores en el escenario electoral, en el ámbito académico se han realizado estudios sobre casos de aplicación de las medidas afirmativas (Lizama y Zúñiga, 2023; Singer, 2022). Por su parte, las instituciones electorales han asumido la tarea de evaluar la eficacia de estos mecanismos de acceso a la representación política. Respecto a los comicios de 2021, el INE delegó al Colegio de México (2022) el diagnóstico sobre la efectividad de las acciones afirmativas y su impacto en la integración del Congreso de la Unión, así como las repercusiones en el quehacer legislativo. En el caso de Nuevo León, el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana ha auspiciado estudios sobre las experiencias de mujeres indígenas y personas con discapacidad (IEEPCNL, 2023; 2024) que fueron postuladas por acción afirmativa en el proceso electoral local 2020-2021 y en proceso de elaboración se encuentra un estudio comparativo para integrar la perspectiva personas con OSIG LGBTTTIQ+ en los comicios de 2021 y 2024.
En este espacio se abordarán sólo aspectos del estudio sobre las experiencias de personas con discapacidad. La investigación de corte cualitativo se basó en el análisis de entrevistas realizadas a 13 personas electas y no electas durante los comicios de 2021. Los resultados contrastan con la actitud de triunfalismo institucional sobre los mecanismos de inclusión para grupos en situación de vulnerabilidad dentro de las contiendas político-electorales. Partidos políticos, órganos electorales e instancias de la sociedad civil asumen como un caso de éxito la mera postulación de una persona que se ajuste al esquema de acción afirmativa. Sin embargo, los testimonios de las personas con discapacidad a las que fue posible entrevistar evidencian las prácticas de los partidos y sus operadores para burlar las reglas implementadas a partir de 2021.
El sabotaje de las candidaturas por inanición inducida consiste en una distribución desigual de las prerrogativas asignadas a los partidos para la realización de campañas. Su finalidad es sofocar los esfuerzos de las personas candidatas y de sus equipos de trabajo al proporcionarles los recursos mínimos para solventar sus contiendas. Con base en los cálculos políticos de las dirigencias partidistas se coloca a los grupos en situación de vulnerabilidad en espacios de contienda donde las posibilidades de ganar son escasas. Esta práctica desacata deliberadamente a la Ley General de Partidos Políticos. Las personas entrevistadas refieren que la situación se presenta de esta manera, en parte porque desconocen todo lo relacionado con la materia electoral, incluidos sus derechos político-electorales.
El estudio del IEEPCNL documenta la usurpación de las candidaturas y la simulación
en los procesos de postulación como prácticas constantes en 2021. Pese a que para la elección de 2024 la inclusión de personas con discapacidad quedó plasmada en la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, este tipo de prácticas persistieron. El caso que adquirió mayor relevancia en los medios de comunicación fue el del candidato Baltazar Gilberto Martínez Ríos, quien fue acusado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados y la A.C. Acceso Total, de usurpar la acción afirmativa para personas con discapacidad (Méndez, 2024).
Las explicaciones sociológicas y antropológicas en las que se fundamentan los estudios trascienden el reduccionismo de las malas prácticas de los partidos políticos y sus operadores; atribuibles también a la falta de rigor de las instituciones electorales para validar los procesos de postulación. Parte de la comprensión de estas acciones está en el diseño conceptual de los mecanismos de acceso a la representación política, lo cual implica que los OPLE deben asumir la tarea de debatir, filtrar y discriminar los modelos académicos que se toman prestados para el diseño de sus políticas.
A continuación se desarrolla un tópico que ilustra la pertinencia de someter a debate los marcos conceptuales. Los estudios en los que se apoyan los órganos electorales en México se han decantado por el modelo de Pitkin acerca de los cuatro tipos de representación política: sustantiva, formal, descriptiva y simbólica (INE, 2022). Desde este enfoque, la representación surge del acto de delegar en una o más personas la facultad de actuar en el nombre de toda la población, es decir, se autoriza el ejercicio del poder a quienes gobiernan bajo el supuesto de que se orienta al beneficio de quienes son gobernados. Por cuestiones de espacio en este escrito, sólo se aborda en relación entre representación sustantiva (como un ejercicio del poder de facto) y la descriptiva (como una relación de semejanza entre quienes representan y con la población representada).
Esta perspectiva presupone que la semejanza entre ambas partes (representación descriptiva) garantiza que la parte representante actúe en beneficio de los intereses de la parte representada (representación sustantiva). Por consiguiente, el criterio de postulación para una candidatura por acción afirmativa se cumple a partir de la autoadscripción a una identidad. Según esta lógica, se argumenta que una persona con discapacidad, por efecto de la relación de semejanza, goza de mayor legitimidad para actuar en nombre (representar) de la población con discapacidad. Por consiguiente, su quehacer legislativo o su labor como persona servidora pública estará orientada por este principio. No obstante, las personas que accedieron a un cargo de elección popular en ayuntamientos o en el congreso federal mediante acción afirmativa subordinaron su desempeño en función de los intereses del partido que les postuló (Singer, 2022; IEEPCNL, 2024).
Como lo reconocieron algunas de las personas entrevistadas, la sola semejanza, a partir de la existencia de limitaciones físicas o discapacidades como criterio para delegación del poder público, implica ignorar diferencias sustanciales entre representantes y representados. Unas de éstas resultan de las vivencias constreñidas por la pertenencia o adhesión a una clase social, los bagajes culturales adquiridos a partir de la experiencia de escolarización más otra suma de variables que inciden en el cómo es vivir bajo determinada condición. El resultado previsible es la incompatibilidad en la manera de entender el mundo, así como la expresión de intereses dispares y de agendas diferentes.
Otro de los marcos conceptuales susceptibles a debate para repensar el diseño de los mecanismos de acceso a la representación y participación política está en la extensa obra de Pierre Bourdieu. La tesis sobre las transfiguraciones del capital (cultural, simbólico, social y político), así como su superposición en diferentes campos (académico, científico, editorial, político, etcétera), trastoca la idea misma de la representación política. Esta perspectiva sociológica muestra que en el delegar la facultad de actuar en nombre de alguien más se esconde un doble proceso de acumulación y despojo de capitales. Como lo señaló el propio Bourdieu, el agente político en calidad de representante es quien dispone de un excedente económico que le permite el suficiente tiempo libre para distraerse de las actividades productivas y dedicarse a la actividad política, en un proceso que le permitirá acumular o acrecentar los capitales que ya dispone. Por su parte, los agentes que son representados o gobernados quedan desposeídos toda vez que han delegado a alguien más. En suma, esta perspectiva permite vislumbrar las condiciones dispares e inequitativas que a su vez reproducen desigualdades sociales dentro de las contiendas políticas mismas.
CONCLUSIONES
Las prácticas documentadas en el estudio sobre las experiencias de personas con discapacidad, así como la ceñida alusión al modelo de Pitkin y la tesis de Bourdieu evidencian la necesidad de rediseñar los mecanismos de acceso de la representación política. Esto requiere replantear los marcos conceptuales, jurídicos y normativos que rigen a las instituciones y los procesos electorales. Repensar la representación implica no posar esencialismos sobre la vulnerabilidad o la desventaja social ni partir únicamente de una autoadscripción para dejar de lado el carácter contextual que conlleva la postulación de una candidatura.
Con base en lo anterior, sigue siendo asignatura pendiente enriquecer el análisis sobre la participación de estos grupos toda vez que su acceso se ha elevado a rango de ley. Es más que necesario el compromiso de las y los académicos para generar mayor conocimiento acerca de las condiciones de posibilidad, las cuales permiten que los partidos políticos y sus operadores puedan eludir el andamiaje legal en materia electoral y excluir en la medida de lo posible a los grupos en situación de vulnerabilidad al acentuar procesos de exclusión social.
* Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León,
Monterrey, México.
Contacto: aldo.huerta@ieepcnl.mx
REFERENCIAS
Bourdieu, P. (1982). La representación política. Elementos para una teoría del campo político” [en línea]. En Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 36-37(1982), 3-24.
Colegio de México. (2022). Estudio especializado sobre la efectividad en la aplicación de las acciones afirmativas y las barreras que enfrentan los grupos en situación de discriminación en la representación política en el proceso electoral federal local 2020-2021. Documento de investigación elaborado por el Colegio de México con motivo del convenio específico de colaboración con el Instituto Nacional Electoral, Número INE/ DJ/124/2021.
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. (2023). Experiencias de mujeres indígenas candidatas en las elecciones de Nuevo León en 2021, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León.
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. (2024). Experiencias de personas con discapacidad candidatas a cargos de elección popular en 2021, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León.
Instituto Nacional Electoral. (2022). Informe País 2020. El curso de la democracia en México, Instituto Nacional Electoral: Ciudad de México.
Méndez, E. (2024). Reprueban comisiones en San Lázaro la usurpación de candidaturas para minorías, La Jornada (11 de junio), https://www.jornada.com.mx/2024/06/11/ politica/006n2pol
Lizama, G., y Zúñiga, A. (2023). Acciones afirmativas en materia electoral en México: el caso de los grupos y personas de la comunidad LGBTTTIQ+, Transdisciplinar. Revista de Ciencias Sociales del CEH, 2(4), 7-48.
Singer, M. (2022). Igualdad de derechos, acciones afirmativas y representación política. En Fernando Castañeda Sabido y Lorenzo Córdova (coords.), Democracia mexicana: retos de la participación y los derechos, INE/ ENCIVICA/UNAM: México.
Recibido: 15/07/20007
Aceptado: 14/08/2024