EL DESAFÍO DEL CAMBIO CLIMÁTICO: movimientos socioambientales y partidos verdes en México y Nicaragua
MANZANARES G., G.*
CIENCIA UANL / AÑO 25, No.112, marzo-abril 2022
Santes-Álvarez (2015) considera que la Convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático (CMNUCC) implícitamente define al cambio climático (CC) como “una alteración atribuible directa o indirectamente a la actividad humana que modifica la composición atmosférica y que se suma a la mutabilidad natural detectada en periodos de tiempo comparables” (Santes-Álvarez, 2015:90). La influencia de la actividad humana sobre el CC implica que es una problemática global, social, económica y política. Es un problema global porque afecta a todo el planeta, y por tanto implica llegar a convenios globales a cerca de los objetivos a seguir; es un problema social porque se requiere replantear los niveles de las relaciones sociales para lograr la mitigación y adaptación. También es un problema económico porque es necesario internalizar los costos ambientales que genera la actividad humana, así como destinar recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del CC.
Asimismo, el CC es un problema político porque requiere la toma de decisiones a través de la negociación de diferentes actores: sociales, políticos y económicos, y en diferentes niveles: global, nacional y local. En ese sentido, en este ensayo se analizan los movimientos socioambientales, partidos verdes y el desafío del cambio climático desde una perspectiva de ecología política. Desde esta perspectiva (Bryant y Bailey, 2000; Durant, Figueroa y Guzmán, 2011; Taylor, 2015) se considera que existen relaciones de poder desiguales entre el poder político, económico y social, en detrimento del poder social. Y se plantea la necesidad del empoderamiento social en la toma de decisiones como un desafío para lograr que los costos y beneficios del cambio climático se distribuyan de forma equitativa y de esa manera evitar que las desigualdades se sigan reforzando.
CONTEXTO GLOBAL-NACIONAL
En primer lugar hay que reconocer los avances que se han dado en la lucha contra el CC con la firma de acuerdos a nivel global desde Estocolmo (1972), Río de Janeiro (1992), Johannesburgo (2002), Río de Janeiro (2012), hasta París (2015). Este último ratifica los conciertos anteriores y busca hacer realidad los objetivos de la CMNUCC, algunos de los puntos clave del Acuerdo de París son: aumentar y conservar los sumideros de gases de efecto invernadero, adoptar medidas para controlar el aumento de la temperatura media mundial; aumentar la capacidad de adaptación y mitigación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al CC; así como promover un desarrollo con bajas emisiones de gases y flujos financieros acordes con un desarrollo resiliente del clima.
Estas medidas se deberán implementar con un modelo de gobernanza participativo, transparente y fomentando el desarrollo sustentable. Además, el Acuerdo de París reconoce que el CC es un desafío mundial que requiere la integración de todas las escalas de actores: locales, subnacionales, nacionales, regionales e internacionales (ONU, 2015).
Cabe destacar que todos estos acuerdos se plantean de forma más operativa en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM 2000-2015) y los Objetivos de Desarrollo Sustentables (ODS 2015-2030). En ese sentido, otro logro a nivel global es que los ODM y ODS han permeado en la escala nacional ya que se han adoptado como directrices en las agendas de desarrollo de la mayoría de los países del mundo (PNUD, 2016).
Por ejemplo, en Nicaragua, el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 2012-2016 propone una serie de estrategias para la mitigación, adaptación y gestión de riesgo ante el CC, incluyendo la internalización de costos por la adaptación al cambio climático, gestión integral de residuos sólidos, inversión para el reciclaje, control y tratamiento de los vertidos de aguas residuales y gestión de riesgos ante desastres climáticos. Asimismo, el Programa Nacional de Desarrollo Humano 2018-2021 menciona que se “desarrollarán acciones acordes en el marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, incluyendo el Acuerdo de París. Se formulará una política de desarrollo económico y social de bajas emisiones de carbono y se implementará el plan nacional de adaptación al cambio climático” (PNDH, 2018-2021:6). Sin embargo, no hay datos sobre los resultados de estas propuestas.
En el caso de México, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) propone “fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado del medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono” (PND 2013-2018:135); las principales líneas de acción de esta política se basan en desarrollar herramientas institucionales para el Sistema Nacional de Cambio Climático, promover el uso de tecnologías de alta eficiencia para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y el manejo integral de residuos sólidos.
Asimismo, el PND 2019-2024 propone reducir la degradación ambiental y fortalecer la adaptación ante el cambio climático de poblaciones, ecosistemas e infraestructura estratégica. Sin embargo, según Velazco y García (2019), entre 2013-2018 hubo mayor avance en los objetivos de adaptación respecto a los de mitigación y sugieren mejorar las consistencias entre las líneas de acción, metas, indicadores y objetivos de la política climática en México.
ECOLOGÍA POLÍTICA
La implementación de los convenios globales se da en un contexto mundial en el que los países “desarrollados” tienen mayor poder de decisión que los “en desarrollo”, ya que los países “subdesarrollados” son condicionados principalmente a través de los préstamos que reciben de los organismos multilaterales; en cambio, los países “desarrollados” pueden reusarse a firmar pactos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, Australia y China que no firmaron el Protocolo de Kioto (que busca reducir las emisiones de GEI en el planeta y promueve el crecimiento sustentable).
Asimismo, existe una distribución desigual de los impactos del CC. Acorde al informe del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007), en América Latina hay muchas probabilidades de que aumenten los tornados, granizo, olas de calor, precipitaciones, temperaturas extremas, la intensidad y frecuencia de huracanes, el nivel del mar y se extingan especies. El IPCC (2007) también estimó que en 2020 el número neto de personas sufriendo estrés por la escasez de agua aumentaría entre 7 y 77 millones, y en 2050 aumentaría entre 60 y 150 millones. Sin embargo, según el Banco Mundial (2010), se espera que los impactos más severos del CC se concentren en el sur global, especialmente en las zonas rurales.
Estos efectos diferenciados del CC exigen la integración de la gobernanza global y local para diseñar estrategias de adaptación y mitigación institucionalizadas más allá de la “adaptación autónoma”, de tal manera que se atenúe la doble carga de las personas pobres y marginadas que además de enfrentar las desigualdades existentes tienen mayores riesgos frente al CC (Taylor, 2015).
En ese orden de ideas, Taylor (2015) propone integrar la conceptualización de cambio climático con los procesos inherentes de transformación social, debido a que los seres humanos no están fuera de sus entornos. En ese contexto, la ecología política es fundamental “porque sus herramientas analíticas nos ayudan a captar cómo los procesos climáticos están incrustados en las relaciones sociales ordenadas jerárquicamente de manera que producen paisajes sorprendentemente desiguales y, a menudo, profundamente frágiles” (Taylor, 2015:13).
DESAFÍO POLÍTICO A ESCALA NACIONAL Y LOCAL: MOVIMIENTOS SOCIOAMBIENTALES Y PARTIDOS VERDES
Para entender mejor los procesos políticos en la toma de decisiones a nivel nacional y local, Toledo (2015) menciona que los actores que participan se agrupan en tres poderes: en el poder político se encuentran los partidos políticos y los gobiernos; el poder económico agrupa los mercados y empresas, y el poder social es la sociedad civil como fuerza de transformación impulsada a través de la democracia.
Sin embargo, la mayoría de las decisiones políticas en materia ambiental toman en cuenta principalmente a los gobiernos, partidos políticos y empresas, dejando excluida la participación de la sociedad civil (Bryant y Bailey, 2000). Cabe mencionar que desde hace varias décadas se han hecho esfuerzos para empoderar a la sociedad civil a través de los movimientos socioambientales. Éstos han jugado un papel importante en la defensa de los derechos de territorios indígenas o como frente de resistencia ante la implementación de políticas que causan daños ambientales y sociales (Bryant y Bailey, 2000; Pleyers y Álvarez-Benavides, 2019; Zibechi, 2017).
En Latinoamérica, algunos movimientos socioambientales se han transformado en partidos verdes con el objetivo de obtener el poder político como un medio para alcanzar los fines del poder social (Toledo, 2015). Por ejemplo, según Acosta y Machado (2012), el Partido Verde de México es de los de mayor influencia en Latinoamérica, ya que llegó a ser la cuarta agrupación política mexicana en cuanto al número de representantes en el Congreso nacional. Al respecto mencionan que “la opción verde se estima que cuenta con 2 millones de votos, pero que, en las últimas elecciones [2012] presidenciales, montados sobre caballo ganador, han corrido de la mano en alianza electoral con el tan cuestionado Partido Revolucionario Institucional (PRI)” (Acosta y Machado, 2012:87); de igual manera hicieron alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) en 2000, con lo que se posicionó a Vicente Fox como presidente (Acosta y Machado, 2012).
A pesar de la presencia de la “agenda verde” en el gobierno nacional, durante la elecciones estatales y municipales de este año muchas comunidades indígenas denunciaron la usurpación de candidaturas indígenas por parte de personas mestizas (AJ+ Español, 02 de junio de 2021) con lo cual se trata de silenciar las demandas contrahegemónicas (a nivel social, ambiental y político) de los pueblos originarios.
De manera similar, el Partido Yátama de Nicaragua surgió como un movimiento que luchaba por los derechos territoriales y autónomos de los pueblos indígenas. Los dirigentes de este partido formaron parte de los actores clave que lograron la aprobación del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua. Sin embargo, luego de varias alianzas con otros partidos se han perdido los ideales con los que fue creado; en parte estas alianzas han causado que intereses de partidos políticos permeen la estructura organizativa de los pueblos indígenas, influenciando así las decisiones en la gestión de la naturaleza a favor de un modelo de desarrollo extractivista y su consecuente efecto en el CC. En este contexto, defensoras de derechos humanos constantemente denuncian un etnocidio debido al enfrentamiento entre indígenas y mestizos por la invasión de territorios indígenas con fines extractivistas (CEJIL, 2020).
Al respecto, los resultado de una investigación del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en Nicaragua mostraron que Osorno Coleman Salomón, miembro del Partido Yátama y diputado de la Asamblea Nacional por la Alianza con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), tiene 10% de participación en la empresa Vida Group, el principal exportador de resina de pino en Nicaragua, que ha sobreexplotado los recursos forestales del Caribe Norte del país, brindando empleos precarios a los indígenas, sin cumplir sus compromisos de reforestación. Esto ha sido posible por la influencia de Coleman en las comunidades indígenas, quienes lo reconocen como “cacique”, y a la vez por los pactos políticos que éste ha establecido con el partido de gobierno, los cuales le facilitan la obtención de permisos de explotación y exportación al margen de la ley. Cabe destacar que Coleman es candidato para su reelección como diputado de esta misma alianza.
Los ejemplos anteriores respaldan la tesis de Acosta y Machado (2012), quienes afirman que los partidos verdes en Latinoamérica han perdido conexión con el frente social ambiental, han disminuido su influencia como agentes de cambio para la transformación social y se han convertido en una plataforma de alianzas electorales en busca de cargos políticos e institucionales. Esto se refleja en la desconexión de los gobiernos mexicanos y nicaragüense con los movimientos indígenas cuyas demandas exigen la reconfiguración de las estructuras existentes, la defensa de los recursos naturales, oposición al extractivismo y el respeto a los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Si bien los movimientos indígenas no se autoperciben como ecologistas, sus saberes, estilos de vida y modos de producción evidencian que otros mundos son posibles. Adicionalmente, Aldunce et al. (2020) consideran que los pueblos originarios experimentan una vulnerabilidad diferenciada a las consecuencias del CC debido a su estrecha relación material, espacial y espiritual con la naturaleza, en la cual se fundamenta su cultura, estructura organizativa y productiva y su conjunto de valores y creencias.
CONCLUSIONES
La lucha contra el CC ha tenido logros en la esfera global con la firma de arreglos internacionales y su posterior operativización en los ODM y ODS. Asimismo, en la esfera nacio- nal se han adoptado los ODM y ODS como directrices de las agendas de desarrollo. En México ha habido mayores avances en la adaptación respecto a la mitigación, sobre Nicaragua no hay datos, y según Aldunce et al. (2020), en América Latina ha habido avances en la integración de la adaptación con la mitigación del CC, no obstante, estos esfuerzos han sido mayores en temas de infraestructura, sistemas naturales y biodiversidad, y en menor medida con la dimensión social. Es decir, la dimensión social es el eslabón más débil de la lucha contra el CC.
En ese sentido, la experiencia de los movimientos socioambientales y partidos verdes de Nicaragua y México muestran que el empoderamiento sociopolítico es el mayor desafío del CC porque hay una cooptación de las iniciativas socioambientales que surgen “desde abajo” y representan los intentos del capitalismo por colonizar el clima (Lohman, 2012); y como se mostró en los Planes de Desarrollo de estos dos países, las estrategias de adaptación y mitigación del CC terminan siendo un negocio para reciclar el carbono. “Y lo que resulta más preocupante es que la atmósfera se transforma cada vez más en una nueva mercancía diseñada, regulada y administrada por los mismos actores que provocaron la crisis climática y que reciben ahora subsidios de los gobiernos con un complejo sistema financiero y político” (Acosta y Machado, 2012:72).
Ante esta problemática, se requiere la transformación de visiones, valores y de la organización social y política que desarrolle alternativas con una visión decolonial del mundo, que promueva relaciones horizontales entre los diversos actores de la sociedad, así como herramientas y mecanismos que logren integrar al ser humano y la naturaleza (Acosta y Machado, 2012; Gorz y Bosquet, 1975). Y de esta manera construir modelos de gobernanza en los que todos los actores tengan capacidad de influir la toma de decisiones para la resolución de las problemáticas relacionadas al CC, sobre todo que los grupos más vulnerables sean tomados en cuenta de tal forma que se integren sus saberes, vivencias y experiencias con el conocimiento científico y técnico (Aldunce et al., 2020).
* Universidad Autónoma de Nuevo León.
Contacto: gonzalezrenataresearch@gmail.com
REFERENCIAS
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