La transición democrática en México y el ascenso del crimen organizado

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Fernando Robledo Isaac*,  José Segoviano Hernández*

CIENCIA UANL / AÑO 21, No.92 noviembre-diciembre 2018

 

EL REDISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DEL CRIMEN ORGANIZADO COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN MÉXICO

En México, tras 71 años de gobierno, se dio la consolidación de la transición a la democracia. En 2000, por vez primera desde 1929, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdía la presidencia de la república frente al Partido Acción Nacional (PAN) en la figura de Vicente Fox. El PRI mantuvo el poder de elegir a su sucesor cada seis años. México dejó de ser el modelo de sistema de partido único definido por Duverger como sistema de partido único, hegemónico y pragmático (Duverger, 1992). Entre 2006 y 2016, más de 210,000 mexicanos han sido asesinados, todos ellos relacionados con el crimen organizado (Hope, 2016). La irrupción brutal de la violencia y la inseguridad en el México del siglo XXI coincide en el tiempo con la transición del gobierno del autoritarismo al de la pluralidad política. El narcotráfico estaba vinculado al poder político por medio de una relación de tinte corporativo en la cual los cárteles del narcotráfico estaban sometidos al poder político encabezado por el partido hegemónico (Watt y Zepeda, 2012).

El control político que se ejercía sobre el narcotráfico desapareció con el arribo de la democracia en 2000, con el primer gobierno democrático encabezado por Vicente Fox (Astorga, 2012). El desplazamiento del PRI del Poder Ejecutivo, su pérdida en la mayoría absoluta en las cámaras, y el acceso de distintos partidos políticos a los principales puestos de poder ocasionaron que los acuerdos informales, tanto de las organizaciones criminales como de instituciones policiales, ganaran autonomía perdiendo el mecanismo que por décadas actuó como mediador en el tema del narcotráfico. El combate que se le hizo a los grandes cárteles en Colombia a principios de los años noventa y el cierre del corredor Caribe entre Colombia y Estados Unidos, obligaron a nuevas rutas, encontrando en México y Centroamérica una opción. Durante la ‘dictadura perfecta’, México gozó por lo menos de una cierta estabilidad en materia de seguridad en la que la violencia estaba contenida (Tahar y Carrasco, 2008, p. 206). A finales de los noventa los sindicatos criminales eran una amenaza a la transición democrática para México, la agenda referente a la seguridad no era una prioridad (Bailey y Godson, 2000); esto fortaleció a los grupos criminales mexicanos que fueron acumulando poder económico al transformarse de intermediarios de las mafias colombianas, a dueños del negocio por la posición geográfica del país (Bagley, 2009). La transición a la democracia provocó una gran cantidad de reacomodos en las instituciones para poder lograr la gobernabilidad. El narcotráfico, su administración y la pérdida del mismo, no puede entenderse sin los 71 años de un régimen de dominación política unipartidista y hegemónica en el poder.

Ésa fue la causa de que se perdiera el control del mismo, puesto que actores, redes y acuerdos se pierden con el partido que deja el poder, y el nuevo grupo hegemónico no puede rescatar del todo lo antes convenido en materia de sujeción de Estado (Astorga, 2012).

Así, con el anhelado arribo de la democracia en México, llegó también el sentimiento creciente entre la ciudadanía que la democracia es un ideal cada vez menos alcanzable, con menos libertades, incluso “a través de la democratización, el país experimenta procesos regresivos, ligados, por ejemplo, a la violencia del crimen organizado que conlleva la fragmentación del espacio nacional y la descomposición del Estado social” (Tahar y Carrasco, 2008, p. 187). Lo que antaño se conocía como narcotráfico, llegaría a dársele el nombre de crimen organizado, por mostrar nuevas facetas y una violencia inédita, uno de los cambios es que ahora es de carácter transnacional y otro es la diversificación de actividades ilegales relacionadas con estos grupos; “esta diversificación ha conllevado que los operadores del crimen organizado mexicano se impliquen de forma decidida en la ejecución de delitos de naturaleza directamente expropiatoria sobre el patrimonio de los ciudadanos y empresas a través de secuestros, extorsiones, derecho de piso, venta de minerales y sustracción y distribución de hidrocarburos” (Cumplido, 2015, pp. 11 y 12).

 

ESTRATEGIAS ANTIDROGAS EN EE.UU., EL PLAN COLOMBIA Y SUS CONSECUENCIAS EN MÉXICO

La primera guerra contra la producción de las drogas inició con Richard Nixon (1969-1972), acaso el presidente más honesto y genuino de todos sus sucesores al argumentar “que los narcotraficantes van a traficar drogas siempre y cuando exista un mercado” (Rosen y Zepeda, 2015, p. 154). En 1973 Nixon creó la DEA (Drug Enforcement Administration) para combatir la producción y tráfico de drogas como elemento central de la guerra contra las drogas (War on Drugs). El combate al tráfico de estupefacientes pasó a formar parte de la agenda de seguridad del gobierno de los EE.UU., donde a nivel doméstico el narcotráfico es tratado como un asunto de salud pública y seguridad nacional, su contención radica en medidas preventivas, educativas, policíacas y de inteligencia. A nivel externo, se reprime y se declara la guerra.

En 1999, el presidente W.J. Clinton (1993-2001) firmó el Plan Colombia emprendiendo un programa de cooperación entre EE.UU. y Colombia, destinado a combatir el cultivo, la producción y el tráfico de drogas en el país sudamericano. Una de las consecuencias del Plan Colombia es que el cultivo de coca regresó a Perú y Bolivia, y las rutas cambiaron a otros países como México (Rosen, 2014). El narcotráfico en México se fue agravando, haciéndose cada vez más visible para la sociedad mexicana; durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000), la inteligencia mexicana encontró funcionarios públicos vinculados a cárteles, evidenciando el nivel de corrupción que permeaba a las instituciones mexicanas. En el gobierno de Fox (2000-2006) también se incorporó a la agenda de seguridad el grave problema de seguridad pública derivada del narcotráfico como una de las prioridades, debido a una amplia demanda ciudadana que reclamaba seguridad en las calles (Azaola, 2009).

Sin embargo, el proceso de decisiones en seguridad que predominó durante el gobierno del régimen autoritario encabezado por el PRI siguió siendo prácticamente el mismo (Benítez, 2008). En la gestión de Fox se combatió al narcotráfico encarcelando a distintos miembros de cárteles y servidores públicos que se dedicaban a proporcionar información confidencial del gobierno a las organizaciones criminales (Nava, 2012). Esto derivó en la fragmentación de los cárteles y en un incremento sustancial de la violencia en la lucha por plazas o territorios disputados. Los nuevos grupos diversificaron sus ingresos a través de la extorsión, el secuestro y el robo. A finales de 2004 existían en México más de 130 organizaciones criminales dedicadas al tráfico de la droga (Vasconcelos, 2008). En los primeros años del siglo XXI, México se encuentra transitando hacia la democracia y EE.UU. se concentró desde el 11 de septiembre de 2001 en la guerra contra el terrorismo islámico, olvidándose de los narcotraficantes latinoamericanos por un tiempo. El gobierno de G.W. Bush (2001-2009) percibió que las agrupaciones criminales continuaban siendo una amenaza. El combate al narcotráfico regresó a la agenda de seguridad de los EE.UU. con México, Centroamérica, Colombia y el Caribe; para entonces, las organizaciones criminales ya estaban fortalecidas y reconfiguradas (Nava, 2012).

El consumo de drogas en México y la corrupción relacionada con el narcotráfico no representaban graves problemas para los ciudadanos o las autoridades. El territorio mexicano era de traslado hacia los EE.UU. y no de distribución (Benítez, 2010). La situación comenzó a modificarse en la forma en que los narcotraficantes recibían sus ganancias, de recibir únicamente dinero se pasó a recibir pagos en especie. A partir de los atentados del 9-11 fue cada vez más difícil introducir drogas hacia territorio estadounidense, especialmente después de la gradual militarización de su frontera sur. Esto provocó que en la frontera norte de México se quedaran detenidas toneladas de toda clase de estupefacientes. Las organizaciones de traficantes, al carecer de una red de distribución de narcóticos en los Estados Unidos, comenzaron a crear un mercado interno en México (Boyer, 2001). Así, la primera década del siglo XXI significó para las mafias mexicanas el incremento del poder, desplazando a las colombianas como consecuencia del desmantelamiento de los dos grandes cárteles en ese país, el de Medellín y el de Cali, potenciado por la implementación del Plan Colombia desde 1999. Sumado a esto, los cárteles mexicanos venden droga en los EE.UU. a un precio mucho mayor y, por si fuera poco, los colombianos deben entregar la mitad de su mercancía a los cárteles mexicanos por transportarla hasta los EE.UU. Esto influyó para que los cárteles mexicanos se enriquecieran a un ritmo más acelerado, “en 2000, para tener el derecho a utilizar el territorio mexicano, las mafias colombianas deben renunciar a comercializar en Estados Unidos entre 50 y 75% de la droga que ellas exportan” (Boyer, 2001, p. 72).

De esta manera el ascenso del crimen organizado en México inició de forma silenciosa; cuando los cárteles se consolidaron, inició la guerra entre ellos por el control de embarques, rutas de tránsito, bodegas y puntos de entrada a los EE.UU., manifestándose una violencia nunca antes vista en México; las ciudades fronterizas se convirtieron en algunas de las más peligrosas del mundo, por el número de homicidios violentos. En 2008 y 2009, el municipio de Juárez, Chihuahua, se mantuvo como la ciudad más violenta del mundo, por encima de ciudades como Bagdad, Belo Horizonte, Medellín y San Salvador, con 192 muertos por cada 100 mil habitantes (CCSPJP, 2010). Algunos municipios en el norte de México, como Tijuana, Monterrey, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, fueron ocupados por la mafia y las calles se convirtieron en su centro de operaciones. Las policías municipales quedaron al servicio del crimen organizado y el Estado mexicano demostró su incapacidad al no contar con una policía científica o capacitada que pudiera hacer frente a esta contingencia. Resultado del debilitamiento de las instituciones de seguridad del Estado y derivado de la lucha por el control de las plazas y las rutas del tráfico de drogas, la violencia aumentó especialmente en los últimos años del gobierno de Fox (Flores, 2009).

La violencia provocada por los cárteles del narcotráfico se transformó en el principal problema de seguridad en el país hasta nuestros días. En el sexenio de Vicente Fox, en los años 2003-2004, se empleó formalmente a la Sedena para hacer frente a las actividades del crimen organizado (Benítez, 2010). Así inició el progresivo deterioro de las instituciones afectadas por la corrupción que ocasionaban el consumo y la comercialización, además de los métodos violentos de acción por la lucha y obtención de los principales mercados y rutas de tráfico hacia los EE.UU. Se deduce entonces que la decisión de incorporar las fuerzas armadas en la guerra contra el crimen organizado desde 2007 conduce a sostener que la estrategia fue un recurso de última instancia para la sobrevivencia del Estado mexicano y sus instituciones.

 

*Universidad Autónoma de Nuevo León.

Contacto: academykos@gmail.com

REFERENCIAS

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Bailey. J., y Godson, R. (2000). Organized crime and democratic governability: Mexico and the US-Mexican borderlands. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

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