Las crisis socioambientales en familias de internos penitenciarios de Nuevo León

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Patricia Liliana Cerda Pérez*, José Gregorio Jr. Alvarado Pérez*

Emma Cerda Pérez*

CIENCIA UANL / AÑO 21, No. 88 marzo-abril 2018

doi:10.29105/cienciauanl88.21-1

 

RESUMEN

Condicionadas por múltiples vulnerabilidades, las familias de internos penitenciarios enfrentan emergencias alimentarias y crisis socioambientales derivadas de exiguos ingresos familiares que en 64% se ubican ligeramente superiores de aquellos oficialmente clasificados como pobreza extrema en el país. Las fragilidades económicas, educativas, sanitarias y familiares de estos núcleos y los gastos generados por su pariente en prisión, merman sus posibilidades de desarrollo y dan origen tanto a un reacomodo de roles de familia como a una “colectivización” del trabajo, en la cual participan todos sus miembros, incluidos adultos mayores, infantes y adolescentes. El texto describe la ausencia de políticas de Estado y programas concretos de apoyo para las familias de reclusos, quienes, inmersas en contextos de pobreza intergeneracional, baja escolaridad, exiguos salarios y estigmatizaciones, deben enfrentar una crisis aún más grave: el silencio y la indiferencia social sobre los costos individuales, económicos y sociales que la cárcel, indirectamente trajo a su núcleo.

Palabras clave: Familia, Vulnerabilidad, Prisión, Economía.

ABSTRACT

The families of correctional inmates who are conditioned by multiple vulnerabilities face feed emergencies and socioenviromental crisis resulting of minimal family income that in 64% are located lightly on top of whom officially they are classified as extreme poverty in the country. The economic frailty, educational, sanitary and relatives of those centers and expenses generated by their prison kin, reduced the posibilities of development which produce a bit of a rearrange of family roles as a “collectivization” of work, in which they are engage all members, including senior adults, infants and adolescents. This text describe the absent of State politics and specific supportive programmes for the inmate’s families, whom, immersed in contexts of poverty intergenerational, low schooling, exiguous payments and stigmatization they still must face an even more serious crisis. These are the social silence and indiference about the individual costs, economic and social that the prison brought indirectly to its nucleous.

Keywords: Family, Vulnerability, Prison, Economy.

En este artículo se examinan los resultados del análisis sobre las condiciones de vida de las familias que subsisten entre núcleos vinculados con la realidad carcelaria; familias en las que uno de sus miembros forma parte de la comunidad recluida en las prisiones de Nuevo León.

El análisis tiene como objetivo evaluar, desde un ámbito exploratorio-descriptivo, las condiciones socioambientales de las familias de internos en los penales de Topo-Chico, Cadereyta y Apodaca, Nuevo León.

El estudio describe cómo las familias de internos penitenciarios viven una pobreza estancada que les ha llevado a vivir en emergencia alimentaria, carencias de oportunidades laborales, escasas posibilidades de acceder a una educación integral, falta de movilidad social derivada de la endeble preparación académica, ausencia del debate público en el cual se busque apoyarlos, además de las críticas prejuiciosas por parte de algunos sectores de la sociedad.

Se describe también la ausencia de políticas de Estado y programas concretos de apoyo para las familias de reclusos quienes, inmersas en contextos de pobreza intergeneracional, viven marcos de baja escolaridad, exiguos salarios y estigmatizaciones. Estos núcleos deben enfrentar una crisis aún más grave: el silencio y la indiferencia social sobre los costos individuales, económicos y sociales que la cárcel, indirectamente, trajo a su núcleo.

A lo largo de la presente investigación se puntualizan los conflictos por los cuales atraviesan este tipo de familias, así como las estrategias utilizadas por ellas para sobrellevar el impacto que la crisis carcelaria trajo a su núcleo.

MÉTODO

Para el presente estudio se aplicaron entrevistas semiestructuradas como método principal de recolección de información. El cuestionario conlleva 189 variables que se evaluaron entre los familiares de reclusos participantes.

Estos indicadores se dividen en 100 reactivos o preguntas que a su vez se clasifican en 13 apartados, los cuales evalúan las condiciones de vida familiar, económica, educativa, laboral, de valores y de salud de las familias en las que uno de sus miembros se encuentra internado en uno de los Centros de Reinserción Social (Cereso). Además, se administró el test denominado es- cala de Zung, instrumento aceptado internacionalmente para la medición de estados anímicos.

DISEÑO

Bajo un esquema de investigación no experimental, realizada desde el campo cualitativo mediante el uso de un método exploratorio-descriptivo, a través de entrevistas realizadas durante 2014 y 2015, la metodología desarrollada se enfoca en el análisis de las condiciones de vida por las cuales transitan las familias en cuyo seno, alguno de sus miembros está recluido dentro de los Centros de Reinserción Social de Nuevo León (Topo Chico, Cadereyta y Apodaca).

Las entrevistas fueron aplicadas con el propósito de conocer la manera en la cual dichos núcleos sobrellevan el encarcelamiento de uno de los suyos y los cambios o evoluciones observados por ellos en sus propias dinámicas de familia.

PARTICIPANTES

Los participantes de esta investigación fueron 151 personas pertenecientes a familias en las cuales uno de sus miembros directos se encuentra recluido en alguna de las tres instalaciones penitenciarias que existen en Nuevo León.

PROCEDIMIENTOS

Se administraron entrevistas semiestructuradas a alguno de los miembros de las familias descritas. El levantamiento de datos se realizó en cuatro etapas, tres de ellas durante 2014 (abril, mayo y diciembre), y la última en mayo de 2015, dentro de las instalaciones de “Promoción de Paz”, institución nuevoleonesa que desde la sociedad civil enfoca sus tareas al apoyo de internos penitenciarios y sus familias. Las entrevistas se realizaron fuera del contexto de las instalaciones penitenciarias a fin de dar a las familias un ámbito de libertad al momento de responder. El análisis posterior de las entrevistas fue realizado dentro de las instalaciones de la UANL.

Una vez recabada la información de las entrevistas, los datos se trasladaron al programa SPSS (Stadistical Software for the Social Sciences) Versión 22 para la creación y organización de una base de datos y la obtención de tablas en las que se agrupó la información para su interpretación; los indicadores se clasificaron en 13 categorías (datos generales; estructura de la familia; percepción de la familia; roles familiares; función afectiva de la familia; función socializadora; función económica; función educativa; convivencia íntima; impresiones generales; información del interno; salud y seguridad social y la escala de autoevaluación del estado anímico de Zung). En el caso de las variables abiertas se buscaron criterios de agrupación sustenta- dos en las semejanzas y diferencias en las opiniones de los entrevistados.

MUESTRA

La muestra total se configura por 151 entrevistas efectuadas a esposas(os); madres; padres; hijos(as); hermanos(as) y demás familiares directos de reclusos en los Centros de Reinserción Social de Nuevo León. La aplicación de los cuestionarios abarcó de abril de 2014 a mayo de 2015.

RESULTADOS

Del total de entrevistados, 144 pertenecen al género femenino (95%) y siete al masculino (5%); con un promedio de edad de 41 años. En su mayoría son madres (38 casos) y esposas (27 casos), es decir, cuatro de cada diez entrevistados son la madre o el cónyuge del interno.

El 65.6% de los entrevistados es originario del área metropolitana de Monterrey; 5.3% de municipios aledaños y 27.8% tiene su origen fuera de Nuevo León. Por otra parte, nueve de cada diez entrevistados tienen su residencia en uno de los municipios de la zona conurbada de la ciudad de Monterrey.

En cuanto a la estructura familiar, 50% afirma habitar en una casa propia; mientras que el otro 50% alquila o comparte su vivienda. Asimismo, en 45% de los casos, estos hogares son compartidos por grupos compuestos de cinco a ocho personas.

Las principales problemáticas vividas por las familias entrevistadas radican en la economía del hogar. Los resultados de la encuesta indican que 64.2% de las familias tiene un ingreso inferior a los $3,000 pesos mensuales; mientras que 29.1% percibe entre los $3,000 y $6,000 pesos mensuales. Es decir, 94% de las familias tiene que solventar los gastos del hogar y aquellos derivados del cuidado y atención del interno, con menos de $6,000 pesos mensuales.

Este hecho, aunado al de que la mayor parte de las entrevistadas se dedica al hogar (labor muy importante para mantener la estructura familiar, pero que no genera ingresos económicos) enfatiza la problemática monetaria vivida por estos núcleos tras la reclusión de uno de sus miembros.

Los ingresos en el hogar son aportados, en 26.5% de los casos, por el padre y, en 20.5%, por la madre del interno. Estos datos muestran que el padre y la madre son quienes deben hacer frente a los problemas económicos del núcleo; sin embargo, es importante destacar que existe una colectivización del trabajo, ya que es más notoria la participación de hijos (8.6%), hermanos (13.2%) y otros familiares en la obtención de recursos económicos para el hogar.

DINÁMICA DE FAMILIA Y TRASTORNOS EMOCIONALES

En cuanto al aspecto emocional, los resultados de la encuesta demuestran que ocho de cada diez familiares de internos afirman que el estado anímico de alguno de los miembros del núcleo se vio afectado. El 56% de los encuestados sostiene que la reclusión fue un factor que generó depresión en la familia; 55.2% dijo sentirse angustiado y 40% indicó sentir miedo.

Además, la reclusión de uno de los miembros de la familia derivó en la generación de conflictos al interno del núcleo; en tres de cada diez familias entrevistadas se presentaron problemas o discusiones propiciadas por el internamiento, principalmente, desunión familiar y agresiones físicas y verbales.

FUNCIÓN SOCIALIZADORA

La reclusión carcelaria de uno de los miembros de la familia provoca cambios en la manera en la que ésta se relaciona con otras familias.

La estigmatización a las familias de internos, en ocasiones, obliga a estos núcleos a alejarse de otras personas y modifica la manera en cómo se relacionan. El 28.4% de las familias entrevistadas afirmó que sí se han modificado sus relaciones con otros miembros de la sociedad.

Además, 28.5% señala que ha cambiado la manera en la que otras personas tratan a su familia; tres de cada diez familias sostienen que el resto de la sociedad los trata diferente a raíz de la reclusión.

Según los resultados, tres de cada diez familias han sufrido juicios o críticas por parte de las personas de su comunidad, principalmente, acusaciones por vivir con un delincuente, ofensas y falta de confianza. Ante lo cual, 76% de las familias que enfrentan este tipo de problemas decidió ignorar cualquier comentario negativo o crítica.

EL IMPACTO CARCELARIO EN LA ECONOMÍA FAMILIAR

Entre otras problemáticas, 130 de las 151 familias entrevistadas (86%) admiten la existencia de problemas económicos: asimismo, 76% de las mismas indicó que sus ingresos mensuales se vieron afectados tras la reclusión.

De las 116 familias que aseguraron que su presupuesto familiar resultó impactado por el encarcelamiento de uno de su núcleo, 61.2% ubica como principal afectación que sus ingresos resultan insuficientes; 12% indica que dentro de sus desembolsos están las partidas adicionales derivadas de los gastos del pariente recluido.

El rubro que las 130 familias que transitan problemas económicos consideran de mayor impacto es el alimenticio (83.1%); seguido por el pago de servicios (50.8%); salud y vivienda (46%); transporte (43%) y la educación (30%).

De la muestra de familias participantes, 119 (casi 79%) argumentan que el hecho de tener a un miembro de su núcleo en prisión significó el desarrollo de nuevas necesidades. Entre ellas, gastos por alimentación (73.9%), necesidades del interno (70.6%) y transporte al centro penitenciario (62.2%).


Estas necesidades, surgidas a partir de la reclusión de uno de los miembros de la familia significan, en 31%, erogar hasta mil pesos mensuales; 29.9% entre mil y dos mil pesos, y 29.1% cifras superiores a dos mil pesos.

Aunado a esto, 40% de los entrevistados afirma que además de la problemática económica, su familia sufre por falta de oportunidades de trabajo; mientras que 29.1% ha tenido dificultades para mejorar laboralmente.

Por otro lado, 111 familias entrevistadas (73.5%) dedican parte de su presupuesto en recursos para apoyar al interno en su manutención; entre los principales gastos adicionales se encuentran la alimentación (93.7%), pagos por trámites legales (53.2%) y salud (37.8%). Mientras que 24 familias (21.6%) admitieron pagar para garantizar la seguridad física de su familiar en el penal.

Para las familias, los gastos mensuales en aspectos adicionales del interno representan, en promedio, $4,959 pesos en gastos legales, $2,470 pesos en seguridad, $1,378 en alimentación y $706 pesos en salud.

ABANDONOS Y REZAGOS EDUCATIVOS

El impacto que la reclusión trae a la familia no se limita a aspectos económicos y de organización familiar, este hecho también influye en al ámbito educativo. En este sentido, en 16% de las familias, uno de sus miembros ha variado sus expectativas académicas, mientras que en 18.5% alguno de sus miembros tuvo que interrumpir sus estudios, principalmente en nivel medio superior (50%) y primaria (35.7%).

En contraste, 20.5% de los familiares entrevistados indicó que dentro de su núcleo uno de los miembros tuvo la posibilidad de concluir sus estudios; mientras que 66% no terminó ningún grado escolar.

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD

En lo que respecta al aspecto de salud y seguridad social, 85% de los entrevistados cuenta con acceso algún servicio médico; de éstos, 30.4% está afiliado al IMSS; 68.1% al Seguro Popular y 5.8% recurren a otras formas de asistencia.

Entre las familias que no cuentan con seguridad social, 41.7% acude a los servicios que se brindan en las Farmacias Similares, 25% concurre a centros de salud y 8.3% acude a servicios médicos particulares o municipales.

Según los datos de la encuesta, en dos de cada diez familias (20.5%), uno de sus miembros padece una enfermedad que requiere atención constante. Las principales enfermedades sufridas por los familiares de internos penitenciarios son diabetes (22.6%), hipertensión (16.1%) o ambas enfermedades (9.7%). Por otro lado, existen tres casos de discapacidad y se registran enfermedades como artritis, osteoporosis, parálisis cerebral e, incluso, un caso de sida.

De las 31 familias de las cuales

uno de sus integrantes padece una enfermedad, 90.3% (28 familias) afirmó que su pariente recibe la atención médica necesaria, principalmente en el IMSS.

LA PRISIÓN Y SUS EFECTOS MULTILATERALES EN LA FAMILIA

Según los entrevistados, el principal efecto negativo que la prisión trajo a sus vidas es la merma de los ingresos económicos en su propio entorno, seguido por problemas familiares y el hecho de tener encarcelado a uno de los suyos. También, como familia, los conflictos emocionales están presentes y las restricciones de carácter alimenticio.

Desde el punto de vista de los familiares entrevistados, 47% piensa que pudieron haber actuado para evitar que uno de los suyos incurriera en actividades delictivas que, a la postre, lo llevaron a un proceso de encarcelamiento; principalmente, teniendo mejor comunicación con él y apoyándolo para ir por cosas mejores.

Asimismo, 80% de los entrevistados afirma que si se tomara en cuenta a las familias de los internos, la reinserción de su pariente se facilitaría. En ese tenor, el mismo porcentaje de familiares indicó que le gustaría formar parte del proceso reinserción social de su familiar.

Por otro lado, 65.6% de los participantes sostiene que conoce cómo son las condiciones de vida de su familiar al interior del centro penitenciario. Entre los principales aspectos de la realidad carcelaria narradas a ellos por el interno se encuentran hacinamiento (68.7%); alimentación deficiente (55.6%); falta de atención de salud (55.6%); pagos por seguridad (44.4%) y abuso de autoridad (39.4%).

DISCUSIÓN

Los resultados del presente estudio nos señalan la existencia de variables asociadas a diversos tipos de vulnerabilidad entre las familias de encarcelados. Entre los factores más patentes de su fragilidad están aquellos vinculados tanto a pobreza como a pobreza extrema, llegando a erigirse en condiciones de una emergencia alimentaria.

Los datos encontrados indican que más de 60% de las familias devenga ingresos ligeramente superiores a aquellos clasificados como pobreza extrema. Los egresos extraordinarios emanados de la realidad carcelaria enfrentada por uno de los miembros de la familia propician la “colectivización” del trabajo, donde todos participan en la obtención de ingresos; sin embargo, este hecho provoca una mayor vulnerabilidad en el campo educativo, principalmente, en los jóvenes.

Ante los gastos extraordinarios de la familia y el mantenimiento del hogar, estos grupos encuentran en la economía informal el modo para solventar sus costos de vida en familia.

Respecto a otros estudios, los resultados de esta investigación coinciden con los hallazgos de Roenbluth y Krupart (2007) en el sentido de que el encarcelamiento de uno de los padres puede provocar problemas económicos considerables en una familia. Ambos autores advierten que las familias de internos son económica y socialmente vulnerables, aun antes del encarcelamiento y, en ello, también se tienen semejanzas en el sentido de bajos sueldos e ingresos precarios, factor que impacta directamente, agudizando la pobreza infantil entre los hijos de internos, tal como establecen las aseveraciones de Dervia King (2007).

Los costos individuales, económicos y sociales que la cárcel trae a las familias de encarcelados deben ser examinados por el Estado y la colectividad. Es de considerarse que la falta de inversión en las familias carcelarias golpea de forma directa sobre el capital social y democrático del México moderno, en uno de sus activos por demás trascendente: la cohesión social.

Las aportaciones de la presente investigación se enmarcan en la exploración y descripción de las condiciones socioambientales de un grupo de difícil acceso en términos de disposición, como las familias de encarcelados. Dichos núcleos, en Nuevo León, viven sujetos a los temores transmitidos por su propio familiar encarcelado, en el sentido de evitar hablar con otras personas sobre su caso y, además, a un esquema de desconfianza derivado de las condiciones de inseguridad pública afrontada en esta entidad, tanto dentro como fuera de los penales.

Los hallazgos derivados del presente análisis confirman los postulados expresados dentro del planteamiento del problema elaborado para efecto de establecer un perfil de las familias penitenciarias. Estos núcleos familiares no sólo viven condiciones de pobreza extrema y pobreza, sino también la ausencia de políticas sociales con programas donde, bajo un enfoque progresista, se dé paso a la atención de grupos en vulnerabilidad caracterizados por una pobreza estructural, reciclada y agudizada por la privación de la libertad de uno de los suyos tras haber delinquido.

Si bien es cierto que las políticas del Estado mexicano buscan priorizar el apoyo a familias en vulnerabilidad por pobreza y adicciones –como un esquema de fortalecimiento a las responsabilidades de subsistencia, protección, cuidado, educación y socialización propio de estos núcleos–, también lo es que cuando una familia atraviesa situaciones adversas por pobreza y conflictos vinculados a la legalidad –tras haber delinquido uno de los suyos–, la agenda político-social preserva una invisibilidad institucional para estos grupos.

Todo lo anterior surge aun y cuando el proceso carcelario ahonda en las familias la pobreza violentamente estructural que de por sí afrontan, y las coloca bajo un esquema de vulnerabilidad de sus propias fortalezas. En este ámbito, no obstante que no existen patrones únicos de respuesta porque cada núcleo familiar tiene sus propias contestaciones para asumir el encarcela- miento de uno de los suyos, resulta innegable que la reclusión suele conducir a procesos y eventos impactantes en dimensiones, tanto individuales como colectivas de la familia.

La prisión conlleva, para todas las familias de internos, gastos extra al tiempo de que las despoja de parte de los ingresos que el padre, madre o hijo(a) encarcelado aportaban antes de ser recluidos.

Las acciones punitivas del sistema penitenciario conducen a la segregación de estas familias y a una exclusión social. Estado y comunidad deben asumir que el impacto negativo que el delito trae al tejido social no finaliza con el encarcelamiento del presunto delincuente. Subsiste un círculo perverso en el cual se lesiona indirectamente al entorno familiar del recluso(a). Estas víctimas indirectas del delito –no contabilizadas aún en nuestras estadísticas oficiales–, ven agravadas sus condiciones de vulnerabilidad y exclusión porque la pobreza se torna, así, en un ciclo intergeneracional para ellos.

Como lo advierte Braman (2002), los costos de la cárcel son resentidos por los miembros adultos de la familia más cercanos al encarcelado, con el tiempo, todo su efecto caerá en la siguientes generación.

La desinversión social sobre esas familias carcelarias significa una merma del capital social necesario para el logro de la cohesión y el desarrollo en la sociedad mexicana del siglo XXI.

La dureza del ciclo carcelario tiene efectos multilaterales no sólo en el recluso, también, y fundamentalmente, en su familia.

RECOMENDACIONES

Los resultados emanados de este proceso de investigación derivan en la identificación de las múltiples problemáticas vividas por los familiares de internos penitenciarios, mismos que reclaman la atención de diversos ámbitos. Con base en ello, se recomienda:

1. Al Estado le corresponde asumir la integración de una política social enfocada a conocer a profundidad la cruda realidad de las familias de internos penitenciarios.

2. Impulsar la creación de un instituto que, con la cooperación del Estado, las universidades y las ONG especializadas dediquen sus esfuerzos a detectar, atender y canalizar las necesidades más urgentes de estos núcleos.

3. Activar el trabajo remunerado en los penales; si bien este factor es considerado dentro de los esquemas de reducción de penas, los salarios percibidos por una jornada laboral no alcanzan para la propia subsistencia del interno ni tampoco para el apoyo a sus familias.

4. Instrumentar programas con un sentido social, como podría ser la ayuda para los gastos de transportación al realizar la visita carcelaria, créditos en materia de vivienda y ayuda alimenticia.

5. Los déficits sociales y laborales que estas familias viven, sumados a las estigmatizaciones de las cuales suelen ser objeto, hablan de la urgencia de establecer programas de trabajo con ellos para activar el uso de sus propias fortalezas.

6. Establecer programas sociales con visión de género que auxilien a las mujeres en sus nuevos roles de gestoras, proveedoras y jefas de familia que la prisión les impone, con un evidente impacto directo en los hijos y demás miembros del núcleo.

7. Desde la academia, es importante impulsar la investigación y el análisis de estudios sobre estas familias en vulnerabilidad y con datos científicos romper el silencio social e institucional sobre ellas, a fin de hacerlas visibles como un tema de agenda pendiente en nuestra democracia.

*Universidad Autónoma de Nuevo León

Contacto: cerda35@hotmail.com

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RECIBIDO: 25/11/2016

ACEPTADO:19/10/2017