De sismos y patrimonio arquitectónico

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Armando V. Flores Salazar*

CIENCIA UANL / AÑO 21, No. 87 enero-febrero 2018

Esa mañana la noticia más comentada fue la del sismo de 8.2 grados frente a las costas de Chiapas. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, publicó en redes sociales: “Este viernes 8 de septiembre [de 2017] no habrá actividades en las escuelas de la Ciudad de México –nueve mil planteles públicos y privados– para la revisión de su infraestructura tras el sismo ocurrido”.

El sismo referido se manifestó poco antes de la medianoche del jueves 7 de septiembre y alcanzó una intensidad de 8.2 en la escala de Richter, por lo que el día viernes el presidente Enrique Peña Nieto anunció también que se suspendían las clases en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México. De entre los cuales Oaxaca y Chiapas resultaron los más dañados. Tan sólo en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, se reportaron 78 muertos y cuantiosos daños en 300 casas, el mercado y el palacio municipal.

Por estar ubicada la Ciudad de México en una zona de intensa actividad sísmica, en la memoria colectiva subsisten recuerdos imborrables como la caída y desmembramiento del Ángel de la Independencia en el sismo de 1957 y del terremoto del 19 de septiembre de 1985 con magnitud de 8.1 grados, el más mortífero de la historia con alrededor de 10 mil víctimas mortales, 30 mil edificios con daños totales, entre ellos el edificio Nuevo León en la Unidad Nonoalco Tlatelolco, y 70 mil más con daños parciales. A partir de esta experiencia y recuerdo doloroso, cada 19 de septiembre se conmemora en la Ciudad de México con un simulacro masivo como prevención y entrenamiento para enfrentar ese tipo de catástrofes.

El simulacro llevado a cabo la mañana del martes 19 de septiembre de 2017, 32 años después del trágico sismo de 1985, parecía concluido cerca del mediodía y los ciudadanos regresaban a la vida cotidiana, sin embargo, y para sorpresa de todos, a las 13:14 horas se activaron de nuevo las alarmas advirtiendo de la presencia real de otro sismo en la región.

Este segundo sismo en el mismo mes vino a potenciar los daños iniciados por el inmediato anterior afectando a los mismos diez estados de la zona centro y sur del país. Aunque su magnitud fue de 7.1 en la escala de Richter, su peligrosidad radicó en la cercanía de su epicentro ubicado en los límites de los estados de Morelos y Puebla,  a 120 kilómetros de la capital.  Según los informes oficiales, en voz del presidente Peña Nieto, quedaron afectadas por efecto del terremoto 12 millones de personas en 400 municipios de la región; 250 mil damnificados y cerca de 400 víctimas mortales; más de 16 mil planteles educativos afectados de consideración; 180 mil viviendas dañadas de las cuales 50 mil fueron reportadas con daño total y un sinnúmero de edificaciones públicas y privadas, monumentos y equipamiento urbano; y concluyó informando que el monto económico para la reparación de daños requería al menos de 48,000 millones de pesos como monto inicial.

Envueltos y saturados en estas noticias, en el Colegio de Cronistas e Historiadores de Nuevo León creímos conveniente organizar e iniciar un ciclo de reflexiones en torno a las pérdidas del patrimonio arquitectónico, en sesiones quincenales y a partir del sábado 9 de septiembre de 2017. El ciclo, los ponentes y la participación activa y crítica de los asistentes sembró inquietudes y despejó incógnitas importantes en el campo del tema abordado en tanto que las palabras clave de la convocatoria: pérdida, patrimonio y arquitectura, tienen definición inequívoca y de amplio interés personal y comunitario.

A pesar de que el tema me resultaba familiar y cotidiano, pues es parte importante del estudio de la arquitectura como manifestación cultural en el que trabajo habitualmente en las aulas universitarias, y por los diversos ensayos previos sobre el tema ya publicados con anterioridad en la revista Ciencia UANL, dada la hecatombe de objetos arquitectónicos victimados por el fenómeno telúrico, nunca asimilados y visualizados –por mí– en tal magnitud, en lugar de ofrecer en mi participación como ponente del ciclo denuncias un tanto estadísticas sobre pérdidas ya irreparables de objetos patrimoniales –el convento de franciscanos y sus dos templos, el puente-mercado San Luisito, el cine Elizondo, los dos mercados Colón, las casas familiares de José Eleuterio González y de Bernardo Reyes, entre cientos más–, como de común el tema es tratado, el impacto me enfrentó a generar preguntas básicas, elementales o primarias, para tratar de ampliar la comprensión de tan complejo fenómeno. Entonces la charla tomó otro rumbo y se orientó a tratar de poner en su dimensión justa el concepto de lo patrimonial y entender:

Que lo patrimonial, además de los bienes adquiridos con hacienda propia, es lo que se hereda habiendo antes pertenecido a los padres y demás ascendientes, lo que le da otra dimensión a la pertenencia. Así también, que además del patrimonio personal somos coparticipes del patrimonio familiar, del comunitario, del regional, del nacional y así a los demás de mayor escala.

Que todo lo patrimonial se manifiesta tanto en el modo tangible como en el intangible, sin diferencia de valor o importancia de uno sobre el otro, es decir, que la casa finca su valor tanto por los metros cuadrados de construcción o por la calle donde se ubica, como por haberla construido el abuelo o la modalidad estilística a la que pertenece; que la silla-cuna o mecedora adquiere su valor tanto por haber sido construida con madera de olmo desflemado o por haberla producido la ya desaparecida fábrica de muebles “La Malinche”, como por haber sido un regalo de la boda de mamá o porque la abuela dormía en ella la siesta después de la comida; que la Santa Biblia, Don Quijote de la Mancha, Nuevo León apuntes históricos, o cualquier otro libro heredable duplican su valor más allá de sí mismos por el editor, el prologador o el ilustrador, como sobrevalor de los mismos, valga esta mínima muestra para el respaldo de lo arriba planteado.

Que todo lo heredado y lo heredable tiene la categoría de objeto cultural y por ello contenedor de tres dimensiones inseparables: su corporeidad física como parte de lo tangible y su incorporeidad histórica y psicológica como parte de lo intangible. La casa, la mecedora y el libro, más allá de su funcionalidad básica y objetiva se complementan con valores subjetivos como la edad, la unicidad, la procedencia, los usuarios anteriores y sobre todo lo anterior, el avasallante componente que le da la capacidad humana de la universal y dominante lectura simbólica.

Que en el escaso tiempo de un siglo en que se ha formado la conciencia de protección de los bienes patrimoniales –la Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos de 1914 ya declara su protección jurídica y social en el territorio nacional y la Carta de Atenas de 1931 con voz internacional pro- mueve su protección, indistintamente de las fronteras geopolíticas–, se ha ido incrementando la lista de sus valores como garantes de su protección entre los cuales se pueden citar el valor social, el político, el religioso, el turístico, el popular, el estético, el educativo y, en primera línea, como lo más relevante y fundamental, lo cultural, lo histórico, lo artístico y lo documental.

Que  el  objeto  arquitectónico  en  su  carácter  de  contenedor  de  todos  los  demás  objetos,  herramientas,  muebles,  cosas  y complementos utilitarios al servicio del hombre, es el principal resguardador de los mismos. Al perderse el objeto arquitectónico se diezman los objetos complementarios en él resguardados.

Que de ordinario la categoría de objeto patrimonial la promueven y establecen los grupos de poder público, privado, político, religioso y gremial, sobre los objetos de su pertenencia y que cuando esa categoría se le asigna a una casa familiar, a un fondo de libros, a unos anteojos o a una pluma fuente de escribir, es cuando su propietario deviene en una figura prominente de uno de los grupos antes mencionados –gobernador, alcalde, comerciante, industrial, profesionista, artista, político, etc.–. Sin embargo, no deja de ser patrimonial un objeto no declarado como tal y la gran mayoría de ellos sobreviven en la categoría del anonimato.

Que toda casa habitacional en cualquier condición socioeconómica ha de considerarse como el patrimonio más íntimo y personal si consideramos que “la casa se personaliza con sus habitantes por las transferencias que de ellos recibe, es un retrato fiel de sus usuarios, ahí se petrifican tradiciones y costumbres, ideología y religión, abundancia y precariedades, gustos y preferencias, aceptaciones y rechazos, temores y fantasías. Es un acto confesional involuntario… es un almacén de recuerdos, un álbum fotográfico que detiene el tiempo…”. El aprecio de la casa familiar es indispensable como punto de partida para entender y adoptar el complejo fenómeno de lo patrimonial (Flores, 2014).

Que de los objetos patrimoniales el más indefenso es el arquitectónico, pues su existencia parece sólo sostenerse con el primer usuario –casa habitación y monumento funerario del general Gerónimo Treviño– o mientras se mantenga en función el uso original para el que fue construido –Palacio de Gobierno, Templo de Catedral, Hotel Ancira, entre otros.–, mientras que el fantasma de la desaparición lo amenaza y cumple su propósito a través de fenómenos naturales como inundaciones, incendios, sismos, impactos, explosiones, derrumbes y el más dañino y silencioso de todos: la estulticia humana, practicada en acciones como las guerras, el vandalismo, las demoliciones, la ampliación de calles o plazas –como el urbanicidio que generó “la Macroplaza”–, el desuso, deterioro y abandono de inmuebles; la aplicación inadecuada de materiales, de técnicas constructivas o instalaciones de equipamiento; vulnerabilidad, cambios de uso del suelo y de función, valores comerciales al alza, alteración o transfiguración a su unidad formal o estilística, modernización en lugar de modernidad; irresponsabilidad de las autoridades encargadas de su adecuada construcción, protección y conservación, y un gran etcétera.

Que hay que conservar el patrimonio, primero al reconocerlo como tal y atenderlo en sus requerimientos de preservación, rehabilitación, consolidación o reconstrucción, defendiéndolo y empoderándolo a partir de realzar su valor, una manera sencilla y eficaz ha sido fomentar su uso público como en los templos, los mercados, los museos, las plazas, las calles peatonales; así como ampliando el marco jurídico que resguarde su integridad física y cultural y operarlo a través de ciudadanos íntegros, honestos y de capacidad profesional intachable.

Llegando a este nivel de conciencia crítica entenderemos plenamente la definición de patrimonio establecido en la Carta de Cracovia –2000–, como el conjunto de obras humanas en las cuales una comunidad reconoce los valores específicos y particulares con los cuales se identifica.

Los primeros pasos ya se han dado pues tenemos un marco jurídico de protección patrimonial, delegaciones en la entidad de autoridades federales para la protección del patrimonio arquitectónico, catálogos de bienes patrimoniales; promoción y ministración cultural a nivel de secretarías estatales y municipales, y por ser miembros de la UNESCO –Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura– y de su organismo el Icomos –Consejo Internacional de Monumentos y Sitios–, ya hemos establecido el día del Patrimonio de Nuevo León desde 2014, en el segundo domingo de marzo, bajo la premisa de “Vivamos lo nuestro”, para explorar en los patrimonios cultural y natural, tangible e intangible, el perfil sociocultural que nos identifica como grupo específico.

A partir de que reconozcamos ampliamente la casa que habitamos como el más personal y válido de los patrimonios, entonces podremos apreciar en la justa dimensión el patrimonio que compartimos con la comunidad.

*Universidad Autónoma de Nuevo León.

Contacto: armando.floressl@uanl.mx

 

REFERENCIAS

Flores S., A.V. (2014). La casa como patrimonio. Ciencia UANL, (17)69, pp. 32-33.

ADENDA

El patrimonio cultural de Nuevo León en números

Rocío Garza-Leonard

A mediados del siglo XX, en Nuevo León se consolidó una de las primeras gestiones para identificar y preservar el patrimonio cultural construido, con la intención de reconocer un pasado colonial a preservar. Identificados como hitos de ese periodo, estaban la Catedral de Monterrey y el Palacio de Guadalupe en la Loma de Vera “El Obispado”, estableciéndose en este sitio el Museo Regional del Obispado (20 marzo1956; Mora et al.,1982). Claro, había y hay mucho más que eso, pero no me detendré aquí a recontar los inmuebles-documentos de cultura perdidos, sino los existentes. Afortunadamente, atrás ha ido quedando la percepción de no contar con un patrimonio propio, diversificado, valioso y de entender su riqueza como fuente documental de inspiración e identidad propia. Hoy el camino de la preservación de nuestro pasado para contar con un futuro coherente es desde el reconocimiento de nuestras expresiones culturales materiales, categoría en donde se encuentra el patrimonio construido, hasta el reconocimiento de los derechos humanos a la cultura, incluyendo el patrimonio inmaterial. Lo podemos ver en el ámbito federal con el decreto que fundamenta la creación de la Secretaria de Cultura y consecuente con ello, el decreto recién publicado de la Ley de los derechos culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México (Gaceta oficial de la ciudad de México,2018).

De ahí la intención de nuestro caso, tratar de entender las dimensiones de nuestro patrimonio cultural material, histórico y artístico, tener una idea de las dimensiones de la problemática y con sentido práctico medir lo que es para Nuevo León el patrimonio cultural inmueble en números. Una estimación posible de lo documentado desde la perspectiva jurídica e institucional. ¿Cuántos sitios se encuentran registrados en catálogos o presentes en algún inventario de monumentos arquitectónicos, urbanos y sitios (conjuntos)? Claro, con respaldo institucional, al menos en teoría, para su tutela.

 

Entonces tenemos que 1707 + 1238 = 2,945 + N = número por determinar; para determinar ese número habría que echar un vistazo al Inventario para el Programa Catalogo Nacional de Patrimonio Artístico Inmueble, INBA 2017; al Catálogo Nacional de Monumentos Históricos, Nuevo León, INAH 1982-1985; al equipo de investigadores del Centro INAH NL 2016; al Plano de Categorías, Investigación y Clasificación Barrio Antiguo de Monterrey; al Fideicomiso BA de Monterrey 1988, 1992; al Catálogo de Inmuebles con Valor Artístico Siglo XX de Conarte Nuevo León e INBA, INAH, Municipio de Monterrey, Gobierno del Estado 2006 y al Catálogo de Patrimonio Cultural Inmueble del Centro Histórico de San Pedro Garza García, Dpcyp 2011.

CONCLUSIONES

Mis números son conservadores, diría austeros, la cantidad está todavía por determinarse. Además de lo que está considerado como conjuntos aún siguen sin cuantificación, ya no digamos valoración cualitativa, como es el caso de la zona de Santa Lucía en Monterrey o las dos poblaciones que forman parte del programa Pueblos Mágicos, Santiago y Linares, que esperamos ver en un futuro próximo. La realidad es que el trabajo de inventario y catalogación tiene que ser continuo, bien planeado. Precisamente bajo criterios teóricos, normativas vigentes y realizados con el avance de tecnologías actuales. Existen otros estudios para inventario que se han hecho y aún siguen en proceso, sin embargo, tradicionalmente se han concentrado en el área metropolitana de Monterrey, tal vez por falta de recursos para cubrir el resto del territorio. Pero este arrojo de números en el estado nos da una idea de las necesidades que habrán de atenderse si queremos cumplir con el precepto constitucional de derecho a la cultura, a gozar nuestros bienes culturales inmuebles. No es poca la aproximación de más de 2945 inmuebles que requieren reconocimiento, protección, atención administrativa, difusión, monitoreo, mantenimiento, restauración, presupuesto. Nuestras leyes deben facilitar e incentivar a sumar esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno y sectores de la sociedad hacia este objetivo, cooperación de todos los sectores de nuestra comunidad. La reflexión es hacia la urgente necesidad de formación de profesionales en esta línea de especialización a nivel de posgrado en nuestra entidad.

REFERENCIAS

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. (2018). No. 245. Dis- ponible en http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/ uploads/gacetas/9cd4d6793c77859e14dba9483366098f.pdf

Mora, J., et al. (1982). En el XXV aniversario del museo. Imprenta Universitaria, UANL, Monterrey N.L.