{"id":8416,"date":"2018-12-07T13:38:02","date_gmt":"2018-12-07T19:38:02","guid":{"rendered":"http:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/?p=8416"},"modified":"2018-12-07T14:19:16","modified_gmt":"2018-12-07T20:19:16","slug":"el-control-estatal-de-la-pobreza-a-traves-de-la-informalidad-urbana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/?p=8416","title":{"rendered":"El control estatal de la pobreza a trave\u0301s de la informalidad urbana"},"content":{"rendered":"

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Marco Antonio Aranda Andrade*<\/p>\n

CIENCIA UANL \/ A\u00d1O 21, No.92 noviembre-diciembre 2018<\/p>\n

Es un hecho bastante conocido que el crecimiento de las ciudades en los pa\u00edses perif\u00e9ricos se ha caracterizado por la falta de planeaci\u00f3n y por lo que se cataloga como crecimiento informal, asociado a la pobreza, la precariedad y a lo que se identifica como fallos del Estado y del mercado para garantizar tanto el acceso a la vivienda (a la propiedad) como a los servicios por parte de las clases populares. Hacia la segunda d\u00e9cada del nuevo milenio, la ONU estim\u00f3 que alrededor de 880 millones de personas en el mundo viv\u00edan en asentamientos informales (Banco de Desarrollo de Am\u00e9rica Latina, 2017). Ciudades de tama\u00f1o medio como Monterrey, que forman parte de la tendencia acelerada y predominante de crecimiento urbano en el planeta (OCDE, 2105), atestiguan tambi\u00e9n este hecho.<\/p>\n

El objetivo del presente texto tiene que ver con explicar la l\u00f3gica de los esfuerzos estatales por contar, conocer e intervenir lo que se cataloga como asentamientos informales, asociados a la ilegalidad con respecto al r\u00e9gimen de propiedad dominante que es legitimado y sancionado por el Estado (Neira, 1990). Tanto en la ciudad de Monterrey como en otras urbes del mundo, el Estado busca ordenar la vida de las poblaciones asentadas en un territorio mediante la estigmatizaci\u00f3n, la invisibilizaci\u00f3n o la movilizaci\u00f3n conveniente de personas con el fin de legitimar a este aparato como garante de la vida y del orden. Destaca, asimismo, que los planes y las acciones estatales orientadas al control de estas poblaciones van de la mano con otro tipo de intervenciones privadas por parte de un sinn\u00famero de actores que conforman y afirman el r\u00e9gimen de hipervisibilidad bajo el que se ha colocado a las poblaciones populares depauperadas.<\/p>\n

Con este prop\u00f3sito en mente, a continuaci\u00f3n, se\u00f1alaremos algunas precisiones te\u00f3ricas cuya pertinencia ser\u00e1 ilustrada, posteriormente, con ejemplos emp\u00edricos provenientes de comunidades de la ciudad de Monterrey catalogadas bajo el t\u00e9rmino informal.<\/p>\n

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CONTROLAR A LAS CLASES POPULARES<\/b><\/p>\n

Uno de los actos centrales para conformar y sostener a los estados modernos como proyectos de dominaci\u00f3n urdidos por una alianza predominante de clase (Bourdieu, 2014; Roy, 2011), tiene que ver con el conocimiento exhaustivo de la poblaci\u00f3n y del territorio que ella habita. Los levantamientos de censos y padrones, la implementaci\u00f3n de planes y pol\u00edticas, la elaboraci\u00f3n de m\u00faltiples informes y la realizaci\u00f3n de estudios extensivos son ejemplos que complementan aquellos esfuerzos que se pueden ver en las acciones tomadas para conocer a profundidad los elementos f\u00edsicos, geol\u00f3gicos, geogr\u00e1ficos, bi\u00f3ticos, acu\u00edferos y de otro tipo que corresponden a la producci\u00f3n de un saber territorial comandado desde arriba, en el cerrado techo de la pir\u00e1mide social. James Scott (1998) ve esta serie de esfuerzos como una operaci\u00f3n de ordenamiento administrativo de la sociedad y de la naturaleza cuyo fin es dar legibilidad a estos elementos con el prop\u00f3sito de control. El autor se\u00f1ala que estas operaciones responden a un esfuerzo de ingenier\u00eda que en la modernidad se ha apegado a criterios de racionalidad y conmensurabilidad que sustentan la visi\u00f3n del progreso cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico con fines de dominio.<\/p>\n

Desde esta perspectiva, el Estado se puede entender como una m\u00e1quina que captura, norma y que se arroga el derecho a realizar excepciones en las poblaciones y territorios que gobierna. Por supuesto, esta entidad no es un monolito impermeable que flota sobre la vida de las personas, sino que es una realidad construida a trav\u00e9s de una organizaci\u00f3n compleja de instituciones y pr\u00e1cticas cuyo prop\u00f3sito central es crear esa ficci\u00f3n de unidad, solidez e impermeabilidad (Mitchell, 2015). El Estado se comprende como una ficci\u00f3n que atribuye unidad moral e independencia a lo que en realidad\u00a0son pr\u00e1cticas de gobierno desunidas y renegociadas constantemente (Abrams, 2015). Esa alianza de clases dominantes que emprende la construcci\u00f3n de esa ficci\u00f3n mediante la negociaci\u00f3n ininterrumpida usurpa y monopoliza el poder de nombrar, de producir etiquetas y puntos de vista leg\u00edtimos que se imponen como universales (Bourdieu, 2014). En general, de lo que se trata es de simplificar y estandarizar lo que escapa a esa universalidad: lo local, lo complejo, lo desordenado, lo ilegible, con el prop\u00f3sito de extraer diferentes formas de valor de los seres vivientes y del lugar en el que habitan. La estandarizaci\u00f3n y la oficialidad son en realidad principios de orden y captura echados a andar como un proyecto de dominio.<\/p>\n

Pero, as\u00ed como el dominio estatal regula modos de pertenencia jur\u00eddica, tambi\u00e9n comanda formas de exclusi\u00f3n e invisibilizaci\u00f3n de lo que se dice va en contra de las normas y pr\u00e1cticas que el Estado reconoce como leg\u00edtimas; es decir, el Estado tambi\u00e9n produce o mantiene desorden para generar formas de control. Lejos de estar abandonadas a su suerte, las poblaciones informales o ilegales catalogadas as\u00ed por este aparato, que contribuye m\u00e1s a su pauperizaci\u00f3n, se encuentran, asimismo, saturadas de poder; la vida de muchas personas est\u00e1 sujeta a mecanismos de destituci\u00f3n, desposesi\u00f3n y desplazamiento (Butler, 2009).<\/p>\n

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GOBIERNO DE LA POBREZA<\/b><\/p>\n

Uno de los efectos m\u00e1s importantes del poder del Estado es que produce la creencia generalizada sobre la necesidad del mismo Estado (Bourdieu, 2014). Sea como un rival al que se le exige, como un intermediario al que se acude o como algo que no tiene por que estar, el Estado se piensa como un requisito naturalizado que se basa en el imperio de la ley, de la coerci\u00f3n y de la defensa, en la modernidad, de la gran propiedad. Desde hace algunos siglos, con el dominio mundial del capitalismo, la actividad econ\u00f3mica se presenta cada vez m\u00e1s como el modelo ideal del comportamiento humano y como el pretexto para lograr una supuesta coexistencia armoniosa (Taylor, 2006). El Estado, mediante la defensa y la garant\u00eda legal y coercitiva a dicha actividad, se convierte en un aparato central para garantizar no s\u00f3lo el control de la poblaci\u00f3n y del territorio, sino de la extracci\u00f3n de su valor econ\u00f3mico. El Estado se plantea, pues, como una necesidad de orden tambi\u00e9n en este terreno.<\/p>\n

Como productor de orden mediante etiquetas, el Estado posiciona. Las poblaciones depauperadas por un sistema que ha acentuado la desigualdad durante varios siglos son fijadas tambi\u00e9n por este aparato de dominaci\u00f3n. Las poblaciones pobres sirven para muchas cosas en este ordenamiento general. Cuando el Estado no excluye, invisibiliza o castiga a las poblaciones depauperadas basado en un criterio racial y de clase que busca mantener a la poblaci\u00f3n en pobreza fuera de lo social, les usa de manera conveniente para legitimar su raz\u00f3n de ser (como la ficci\u00f3n moderna necesaria para lograr la paz, la seguridad y el bienestar, por ejemplo), o para ponerlas al servicio de las clases econ\u00f3micas dominantes con el fin de destinarlas a producir para el mercado o a reproducirse, cuando el trabajo predominantemente femenino del cuidado se usa para asegurar la fuerza de trabajo manual o creativo.<\/p>\n

En este ordenamiento de uso conveniente y expulsi\u00f3n, las normas y las pr\u00e1cticas asociadas a la informalidad y, por ende, a la ilegalidad, cobran una centralidad notable. Los y las pobres, en la modernidad, se han pensado como los enemigos n\u00famero uno de la propiedad privada (Hardt y Negri, 2011); hay que mantenerlos a raya, como amenazas internas, peligrosas, siempre necesarias de vigilancia y contenci\u00f3n. El miedo a las poblaciones pobres, que se esconde bajo un odio racial y de clase exacerbado que sostienen las clases dominantes, se combina con esta necesidad permanente de uso, de empleo para el trabajo sucio, indigno o desagradable (Appadurai, 2007). Lo desordenado, lo indeseable o lo no gobernable es empujado fuera de los m\u00e1rgenes de lo permitido (Das, 2011), remitido a limbos sociales y jur\u00eddicos que funcionan a manera de reservas permanentes de valor econ\u00f3mico o pol\u00edtico, tal y como se observa en las ocupaciones para el trabajo informal a destajo o en la composici\u00f3n ilegal de clientelas pol\u00edticas. En breve, veremos que la ciudad de Monterrey presenta r\u00e9plicas de la operaci\u00f3n de este aparato de dominio que funciona con dispositivos de control poblacional y territorial de uso conveniente y expulsi\u00f3n, de reserva de valor pol\u00edtico y econ\u00f3mico.<\/p>\n

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EL CONTROL DE LA POBREZA INFORMAL EN LA CIUDAD DE MONTERREY<\/b><\/p>\n

Como parte de un panorama general, que comprende al menos M\u00e9xico y Am\u00e9rica Latina, se observa que la desigualdad es producida por el Estado y el capital para generar privilegios de minor\u00edas basados en la exclusi\u00f3n de millones de personas de sus derechos b\u00e1sicos. Se sabe que la marginaci\u00f3n produce inseguridad, fragmentaci\u00f3n, estigmatizaci\u00f3n y penalizaci\u00f3n de la pobreza (\u00c1lvarez y Delgado, 2014; Dubet, 2015). El manejo conveniente de la pauperizaci\u00f3n, se se\u00f1ala, contribuye\u00a0a los fines de cierto tipo de econom\u00eda pol\u00edtica (Wacquant, 2014). En un recuento de investigaciones sobre el tema de la informalidad y la pobreza (Aranda, 2018), se ha evidenciado que lo artificial de la separaci\u00f3n entre informal y formal remite a la protecci\u00f3n estatal del estatus quo <\/i>en detrimento de las poblaciones pobres. Como parte del manejo de estas poblaciones confinadas a situaciones de ilegalidad, los entes estatales o se encargan de ellas mediante medidas bienestaristas cuyo fin es desarticular la potencial protesta popular, o las criminalizan e invisibilizan a trav\u00e9s de su exclusi\u00f3n de la escena p\u00fablica (Wacquant, 2014).<\/p>\n

Ser empobrecido, entonces, se traduce muchas veces en distintas formas riesgosas de vivir en la ilegalidad, m\u00e1s en una ciudad que cuenta con uno de los niveles de distribuci\u00f3n del ingreso m\u00e1s desigual en Am\u00e9rica Latina: Monterrey. La pauperizaci\u00f3n de miles de personas ha causado en ella el repunte de la inseguridad, del abuso polic\u00edaco, del hacinamiento, de la privaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos, de la falta de arraigo y del estigma (Sandoval, 2008). Esto afecta directamente el ejercicio de los derechos civiles, pol\u00edticos y sociales b\u00e1sicos. Los intentos de distritaci\u00f3n con tintes gentrificadores que han puesto en los \u00faltimos a\u00f1os en la ciudad a territorios enteros bajo el inter\u00e9s de la especulaci\u00f3n inmobiliaria, acent\u00faan las tendencias de expulsi\u00f3n y desposesi\u00f3n urbanas en las que habitan las clases populares.<\/p>\n

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La ciudad de Monterrey, como la mayor\u00eda de las del orbe, ha crecido a ritmos acelerados durante las \u00faltimas d\u00e9cadas. Los asentamientos humanos informales han sido producidos por causas de expulsi\u00f3n diversas. Despu\u00e9s de la segunda mitad del siglo XX, el incremento de estas poblaciones dio paso a los primeros intentos estatales de conocimiento exhaustivo y control de las personas, as\u00ed como de sus formas sociales de organizaci\u00f3n del territorio. Instancias estatales como Corett y Fomerrey, junto con una creciente implementaci\u00f3n de pol\u00edticas, abrieron el camino al control de lo que a ojos del Estado fue catalogado como ilegal, desordenado y,\u00a0en cierto sentido, indeseable, aquello que estropeaba la b\u00fasqueda por consolidarse como una metr\u00f3poli entre las mejores del mundo. Al mismo tiempo, el uso conveniente de estas poblaciones se tradujo, al igual que en Am\u00e9rica Latina, en la composici\u00f3n de clientelas pol\u00edticas, as\u00ed como en mano de obra barata para las actividades econ\u00f3micas de la urbe. La persecuci\u00f3n de la extracci\u00f3n de valor de estas poblaciones y territorios se pens\u00f3 con rapidez con miras en ampliar las bases para la recaudaci\u00f3n de impuestos y para la (re)activaci\u00f3n del sector inmobiliario, por ejemplo.<\/p>\n

De acuerdo con los datos recabados por Cabrera (2014), al comienzo de la presente d\u00e9cada, la ciudad contaba con poco m\u00e1s de 220 asentamientos cataloga- dos como informales. Al revisar los datos que fueron producto de una investigaci\u00f3n de dos a\u00f1os en tres comunidades relacionadas con la categor\u00eda de informal realizada por quien esto escribe, se observan los intentos estatales y de otros segmentos dominantes de la sociedad por capturar y controlar a esas poblaciones y territorios, actos emprendidos por m\u00faltiples v\u00edas, parad\u00f3jicamente, legales e ilegales. Entre los legales se encuentran el dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de planes de desarrollo; la elaboraci\u00f3n de leyes concernientes a la propiedad de la tierra o a los asentamientos humanos; la realizaci\u00f3n de mediciones y empadronamientos federales, estatales y municipales; la implementaci\u00f3n de programas sectoriales, de apoyo, de regularizaci\u00f3n, de introducci\u00f3n de servicios, de certificaci\u00f3n, de atenci\u00f3n a la pobreza, de colaboraci\u00f3n econ\u00f3mica con universidades y empresas; la imposici\u00f3n y vigilancia de lineamientos urbano territoriales y ambientales; el trazado de proyectos de urbanizaci\u00f3n; la elaboraci\u00f3n de registros nacionales, entre otras tantas que tambi\u00e9n se pueden observar si se busca en la amplia bibliograf\u00eda sobre el tema.<\/p>\n

La dedicaci\u00f3n exhaustiva que desde el Estado se ha logrado para conocer y controlar a las poblaciones pobres e informales se observa, concretamente, en los planes y programas rectores en materia. Desde instancias federales como el Coneval o la Sedesol, la invenci\u00f3n de criterios para gestionar la pobreza pasa no s\u00f3lo por la activaci\u00f3n de una red de instancias estatales amplia, sino tambi\u00e9n por la generaci\u00f3n de indicadores que cubren la medici\u00f3n sumamente racionalizada de aspectos definidos, por ejemplo, como carencias en salud, educaci\u00f3n, seguridad social, vivienda, alimentaci\u00f3n o ingresos. En efecto, las necesidades atribuidas a estas poblaciones salen de comit\u00e9s tecnificados que las hacen depender de bienes y servicios cuya satisfacci\u00f3n, se sostiene, generar\u00e1 desarrollo y prosperidad (Illich,\u00a01996). Un sesgo productivista \u2013poner a las poblaciones pobres a trabajar\u2013 opera en acciones destinadas a incentivar el empleo y la incorporaci\u00f3n a la vida econ\u00f3mica, social y cultural del Estado, medidas pensadas como mecanismos para erradicar la exclusi\u00f3n, seg\u00fan reza la Ley de Desarrollo Social del estado de Nuevo Le\u00f3n vigente. Que el Estado busque la participaci\u00f3n de las y los pobres en el desarrollo social incluye una visi\u00f3n ligada al m\u00e9rito y a la responsabilidad personal. La garant\u00eda y el disfrute de los derechos va de la mano siempre con la intervenci\u00f3n estatal orientada a mejorar la producci\u00f3n de su poblaci\u00f3n.<\/p>\n

En lo tocante al conocimiento y control del territorio, la legalidad que permite a las poblaciones asentarse correctamente y producir, pasa por la definici\u00f3n exhaustiva de \u00e1reas urbanizables, no urbanizables, rurales o naturales; tipos y usos de suelo y formas de habitar. En la Ley vigente de Desarrollo Urbano del estado de Nuevo Le\u00f3n, por ejemplo, la menci\u00f3n expl\u00edcita a las normas cubre un conjunto sumamente detallado de requisitos \u2013cuya inobservancia es responsabilidad de la ciudadan\u00eda\u2013 relativos a acreditaciones, registros, certificados, pagos y censos necesarios para la regularizaci\u00f3n, sin olvidar la menci\u00f3n de sus respectivas sanciones e impedimentos. Conocer y proveer informaci\u00f3n no es s\u00f3lo obligaci\u00f3n del Estado, sino tambi\u00e9n de la ciudadan\u00eda, incluida la pobre. Las alianzas estrat\u00e9gicas que dicha ley prev\u00e9 con empresas, gobiernos, instituciones financieras e inversionistas pueden extender su campo a la atenci\u00f3n y gobierno de esos territorios con el fin de extraer valor.<\/p>\n

En las \u00faltimas d\u00e9cadas, como en otros lados, adem\u00e1s de la b\u00fasqueda constante de estas alianzas, se observan acciones encaminadas a fomentar el emprendedurismo local, la responsabilidad social y corporativa, as\u00ed como la acci\u00f3n colectiva comunitaria en estos asentamientos (Landesman, 2017). La acci\u00f3n de ONG en los asentamientos estudiados, ubicados en los municipios de Guadalupe, Garc\u00eda y Santa Catarina, tiende a plegarse a estas directrices, exigi\u00e9ndoles a las poblaciones esfuerzos individuales y comunitarios para obtener lo que por ley deber\u00eda ser un derecho adquirido: vivienda, educaci\u00f3n o salud. La misma narrativa de los derechos se observa en los planes y programas de los tres niveles de gobierno, derechos que la gente tiene impedidos o condicionados como producto del sistema econ\u00f3mico y de la invisibilizaci\u00f3n o uso conveniente del Estado y del sector privado.<\/p>\n

Categor\u00edas propias del Estado neoliberal que se persigue sean leg\u00edtimas, como las de resiliencia, sustentabilidad, productividad, seguridad e inclusi\u00f3n, se movilizan en cada norma y acto de intervenci\u00f3n con miras a cumplir metas, acreditaciones y exigencias p\u00fablicas y privadas de orden. La focalizaci\u00f3n de programas con pretensi\u00f3n universal, el despliegue militar y polic\u00edaco en las comunidades y la intervenci\u00f3n de organizaciones civiles se encuentran atenidas a la observancia de procedimientos estandarizados cuyo incumplimiento vuelve a situar a las personas fuera de la ley o del derecho adquirido, provocando estados de inseguridad personal\u00a0y comunitaria permanentes. Para terminar, se\u00f1alamos que este r\u00e9gimen de hipervisibilizaci\u00f3n al que la producci\u00f3n acad\u00e9mica tambi\u00e9n contribuye, satura a\u00fan m\u00e1s de poder la vida de poblaciones y espacios a los cuales no se les deja de exprimir la vida para obtener ciertas formas de valor como producto de la captura estatal y mercantil.<\/p>\n

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* Universidad Aut\u00f3noma de Nuevo Le\u00f3n.<\/p>\n

Contacto: aranda.estudios@gmail.com<\/p>\n

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