Fomento a la ciencia y a la tecnología en las universidades de México

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Rodolfo García Galván*

CIENCIA UANL / AÑO 20, No. 83, ENERO-MARZO 2017

En la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que las potencias occidentales y la Unión Soviética habían derrotado al fascismo, y que había culminado el lanzamiento de las bombas atómicas sobre territorio japonés, se suscitó una gran preocupación sobre el rumbo que debería tomar la investigación científica y tecnológica, la cual, en los años previos, había permanecido, prácticamente, al servicio de la guerra en ambos bandos. Durante la Guerra, científicos y tecnólogos trabajaban a marchas forzadas para descubrir y desarrollar las mejores herramientas (armas y tácticas) para derrotar al enemigo; pero, toda o la mayor parte de la investigación fue dirigida o centralizada por el gobierno.

Al final de la Guerra, la pregunta principal era: ¿qué hacer y cómo proceder con la ciencia y la tecnología? Ya se percibía algo de despreocupación de los gobiernos de las grandes potencias respecto a seguir centralizando todos los esfuerzos en ese sentido, a pesar de que ya se aproximaba la carrera armamentista derivada del enfrentamiento por la repartición de Alemania, y de que el gasto en defensa seguía siendo enorme; era inminente pues que los gobiernos se desentenderían de algunos rubros o campos relevantes de la ciencia. La famosa carta de Bush (1999) al presidente Roosevelt es llamativa, en ésta Bush trata de persuadir para que el financiamiento público, a ciencia y tecnología, permanezca alto aún en los tiempos de paz. Parte del discurso era que si bien la guerra había llegado a su fin, era muy importante seguir apoyando fuertemente la ciencia y la tecnología porque aún había innumerables problemas por resolver (y la ciencia ayudaría a eso), y que, sin duda, nuevos problemas aparecerían.

En el texto de Bush se menciona que a la par de actividades en las que la industria se ha interesado tradicionalmente (por ejemplo, la agricultura), hay otras áreas del conocimiento en las que las expectativas de ganancias de corto plazo no podrían lograrse, y sin la intervención gubernamental para fomentar la investigación avanzada, esos campos del conocimiento podrían quedar muy rezagados.

Más de una década después del informe de Bush, se publicaron algunos trabajos que se propusieron demostrar la necesidad de la intervención gubernamental para apoyar el desarrollo, sobre todo de la ciencia básica, las conclusiones de Nelson (1979), Arrow (1979) y Griliches (1979) lograron mostrar que el avance de la ciencia y la tecnología no se podía dejar a merced del libre mercado, y si eso sucediera, se cometería un grave error. Incluso, las demostraciones de estos científicos llegaron a la conclusión de que los beneficios sociales de la ciencia básica son mayores que los beneficios esperados de la investigación aplicada. Asimismo, si se piensa en la obtención de productos y de procesos, a largo plazo, la ciencia básica puede ser más fructífera. Sin embargo, el bajo nivel de apropiabilidad de los resultados de la investigación básica y los bajos beneficios privados esperados, desalentarían la inversión de las empresas en la ciencia y la tecnología.

En general, los hallazgos a principios de la década de 1960 tuvieron influencia hegemónica hasta el inicio de los setenta, acompañados con las aportaciones de otros científicos sociales. No obstante, en esos años comenzaba a tomar fuerza la posibilidad de privatizar los beneficios de los proyectos de investigación (aunque se hubieran financiado con recursos públicos); esa postura se vio reforzada en los Estados Unidos a partir de nuevos descubrimientos en la biología, la química y la física, que hacían viable la oportunidad de fijar derechos de propiedad (privada) intelectual a resultados concretos de investigación, aunque se retroalimentaran de los avances previos de la ciencia. Esta tendencia corría pareja con una cada vez mayor insatisfacción con los Estados de bienestar y con las burocracias abultadas, lentas y torpes que rayaban en el totalitarismo (se percibía que el Estado-gobierno se quería meter y controlar absolutamente todo), con políticas y controles punitivos.

En la década de 1970 resurgen las teorías prolibre mercado en la ciencia económica y en la praxis política. De hecho, en esta década ascienden al poder candidatos del partido conservador tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, en ambos casos con fuertes bríos privatizadores, lanzando sus dardos contra las posturas keynesianas en cuanto oportunidad se les presentaba. Así, no pasaría mucho tiempo para que la ola privatizadora alcanzara a la ciencia y a la academia.

CONSOLIDACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS EMPRESARIALES Y DE MERCADO EN LAS UNIVERSIDADES

Dado el estatus hegemónico de Estados Unidos, sobre todo en el hemisferio occidental, pronto su modelo económico, político y social sería imitado en el resto del mundo. A nivel de las universidades, y de la ciencia y la tecnología, comienzan a tomar fuerza las posturas que exigían una mejor asignación del presupuesto y la comercialización del conocimiento.

En este país, la enmienda constitucional conocida como The Bayh Dole Act, aprobada a inicios de 1980, marcó la pauta para que las universidades que, previamente, habían obtenido fondos públicos para financiar los proyectos de investigación, tuvieran la posibilidad de patentar los resultados para beneficio propio. En otras palabras, las universidades y los centros públicos de investigación, al poseer algunos o varios títulos de patentes (propiedad privada intelectual) podrían darlos en licencia (venderlos) a las empresas, mismas que pagarían regalías (dando la oportunidad a las universidades de aumentar sus ingresos por esfuerzos propios y directos), así como incentivos a los inventores e innovadores que fueron clave para lograr la o las patentes.

La euforia por las patentes en el sistema universitario estadounidense rápidamente desencadenó un movimiento que promovió la apertura de oficinas de transferencia de tecnología en las universidades de todo el país. Sin embargo, para algunos, en sí The Bayh Dole Act únicamente vino a formalizar una serie de tendencias que ya se observaban en algunas instituciones emblemáticas como el Massachusetts Institute of Technology, California University y Harvard University.

El boom del patentamiento también implicó un crecimiento exponencial del sistema de patentes, reflejó la necesidad de pensar y repensar sobre lo que se patenta, lo que se debe patentar y lo que debe quedar al margen. Para algunos autores, el boom se ha transformado en un sistema de propiedad intelectual que ha permitido el registro de patentes en campos que resultan muy controvertidos (ahora, la vida misma puede patentarse), o que el nivel de exigencia y de calidad para obtener un título de patentes haya descendido dramáticamente (algunas cosas inverosímiles pueden patentarse).

Otros eventos político-económicos y sociales contextuales que permitieron el avance de las perspectivas privatizadoras y empresariales en las universidades, y en la ciencia y la tecnología fueron:

1. la falta de pericia (probablemente se vieron sorprendidos) de los intelectuales y políticos defensores de la economía mixta;

2. la decadencia irreversible del bloque socialista que llegó a la implosión, al desmoronamiento del imperio soviético y a la inestabilidad de Europa oriental;

3. las profundas crisis económicas y sociales padecidas por muchos de los países en desarrollo, principalmente, de América Latina, que se vieron arrastrados por los ajustes en las tasas de interés de Estados Unidos (las enormes deudas públicas externas causaron verdaderos estragos);

4. el descrédito de las agencias gubernamentales y paraestatales por la corrupción de sus dirigentes, así, la gestión y gobernación de las universidades no escapaba a esa mala reputación;

5. la consolidación del conservadurismo político y económico en los países de gestación que no tardó en incorporar programas específicos para los países en desarrollo. Las políticas de ajustes presupuestales, de privatización de paraestatales, de desregulación de precios, de apertura comercial y de competencia (sintetizadas en el Consenso de Washington), poco a poco fueron tocando el terreno de las instituciones de educación superior y de las actividades de ciencia y tecnología.

En América Latina, y particularmente en México, la adopción y adaptación de las políticas empresariales, privatizadoras y de mercado, se ha ido desarrollando desde la década caótica de 1980. En cierta forma, desde la perspectiva de Luna (1999), lo que se ha buscado, implícitamente, es transformar las universidades públicas, de semilleros de guerrilleros a semilleros de emprendedores y empresarios, ello mediante el fomento de la colaboración academia-industria; en realidad, el financiamiento público que reciben actualmente las universidades depende, en parte, de la intensidad de cooperación con el sector productivo (muchos de los recursos propios provienen de la investigación subcontratada, consultorías especializadas y de convenios generales con el sector privado).

Asimismo, las políticas de la educación superior en México, en las últimas décadas, según Ibarra (2005) se han caracterizado por la importación, implementación y operación del instrumental administrativo de los negocios privados a las universidades; tales estrategias alcanzan la generación y gestión del conocimiento científico y tecnológico; pero, esas políticas empresariales, traídas a las universidades pese a la gran expectativa levantada en un principio, ya muestran signos de desilusión, pues varios de los viejos vicios (corrupción, improvisación) no se han superado (Kent, 2005).

Si bien es cierto que las amenazas y las preocupaciones de la privatización total de las instituciones de educación superior –que condujo a finales de 1990 a una larga huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México, y a finales de 2000 en la Universidad Autónoma Metropolitana– no prosperaron, pero eso no descartó el objetivo de instaurar las prácticas empresariales. En términos de Guerrero (2004) se trata de una endoprivatización, que en las actividades administrativas, directivas y de gestión de las universidades significa conducirlas o dirigirlas como si se tratase de una empresa (cuyo objetivo principal es obtener una ganancia por lo que hacen). En lo que respecta a la organización de los grupos de investigación, Etzkowitz (2003) se refiere a ellos como cuasiempresas; y cuando se trata de la realización de investigación en las universidades buscando una ganancia pecuniaria, estas instituciones podrían percibirse como protoempresas (García, 2009).

Se supone que las estrategias empresariales se han desplegado para fomentar la innovación tecnológica desde las universidades, y a partir de ahí promover un crecimiento y desarrollo económicos más altos. Lo curioso es que de manera simultánea a ese discurso optimista, el crecimiento económico del país en el periodo de vigencia de estas políticas ha registrado tasas cercanas a cero si el crecimiento poblacional es descontado (Rodríguez y García, 2015).

Específicamente, las estrategias más sobresalientes para alentar el desarrollo tecnológico o la innovación, y para aumentar la productividad de los profesores-investigadores son:

1. convocatorias de distintos tipos y alcances para acceder a fondos para la investigación (promoción de la competencia académica);

2. esquemas de incentivos para los más productivos (con más publicaciones, más patentes, más cursos, más tesis dirigidas), generalmente, tomando en consideración únicamente criterios de cantidad;

3. mayores preferencias institucionales por financiar proyectos de investigación aplicada, y si ésta contempla desarrollos tecnológicos será mejor;

4. se califican mejor los proyectos que se diseñan y se desarrollan con base en las necesidades del entorno (regional, nacional y pocas veces internacional), grosso modo en función de la demanda de mercado;

5. la apertura de nuevos programas de licenciatura y de posgrado deben justificar su pertinencia (¿para el sector privado?). Así, las políticas universitarias (plasmadas en los planes de desarrollo) conllevan una fuerte dosis de las preocupaciones y deseos empresariales;

6. para lograr una mayor comercialización de los resultados de la investigación, se sugiere patentar casi lo que sea para que luego las empresas soliciten en licencia las patentes;

7. apertura por doquier de oficinas de transferencia de tecnología, pareciera que las universidades se preparan para vender una gran cantidad de patentes, y por eso se requiere una oficina especial que triangule las ganancias por la transferencia de tecnología;

8. para el nuevo semillero de emprendedores y empresarios también hubo que preparar incubadoras de empresas tecnológicas;

9. adecuación de las legislaciones universitarias para contemplar esquemas de incentivos a inventores e innovadores (para que la venta de sus patentes les otorgue mayores ganancias y a través de estos incentivos se logre un círculo virtuoso para la innovación);

10. apertura de programas de posgrado mixtos (con reconocimiento de calidad por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [Conacyt]), entre universidades o centros de investigación y empresas.

Lo que sostengo respecto a estas estrategias es que, en la mayoría de los casos, se han implementado sin siquiera reflexionar un poco sobre sus verdaderos alcances y sus efectos potenciales. Sin cuestionamiento alguno se toman tal cual las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del Banco Mundial (BM), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), todos como organismos multilaterales. Las directrices de esas instituciones-organizaciones mundiales son acogidas por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por el Conacyt, la Asociación Nacional de Universidades y de Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y otras dependencias, todos estos ministerios interiores fijan los derroteros de las universidades y de los centros de investigación, y por ende de las políticas científicas, tecnológicas y de innovación. Además, todo ese entramado institucional y organizacional, de uno u otro modo, es fruto de la poderosísima política científico-tecnológica estadounidense.

LAS VERDADERAS RAZONES QUE IMPIDEN EL DESPEGUE DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN MÉXICO

Sin reflexionar, aunque sea mínimamente, se da por sentado que lo importante es realizar investigación aplicada y desarrollos tecnológicos, el tipo de investigación que según nos indica el discurso oficial servirá para resolver los problemas más cercanos (del entorno) e inmediatos. El desarrollo de la ciencia básica es denostado (convocatorias para concursar fondos en pro del desarrollo científico, terminan convirtiéndose en una fachada, pues en las listas de los proyectos aprobados, la mayoría de éstos tienen el perfil de investigación aplicada). Algunos funcionarios y aun investigadores señalan que los mexicanos no necesitamos hacer ciencia, ¡dejémosle eso a los estadounidenses y a los europeos! Como si estuviéramos de acuerdo en que esas zonas del mundo monopolizaran la producción de la verdadera ciencia, y que los latinoamericanos aceptáramos sin preocupación que no somos capaces de generar ciencia auténtica (así, premios Nobel en ciencias sólo para estadounidenses, europeos y un poquito para el resto del mundo).

Esas posiciones están equivocadas porque, además de los trabajos ya mencionados, las publicaciones de Dasgupta y David (1994), Stiglitz (1999), Lundvall (2004), Foray (2004) y Antonelli (2008) son contundentes al sugerir que es tanto o más importante el fomento y desarrollo de la ciencia básica que la aplicada, y que si se atacan los fundamentos mismos del conocimiento científico se estarán minando (sin pensarlo) las fuentes de lo aplicado y de la innovación en el futuro. Incluso, Foray sostiene que la aplicabilidad de una proporción de la investigación realizada requiere de una plataforma común de ciencia básica. Por su parte, Dasgupta y David, Stiglitz y Antonelli señalan que hasta ahora no se ha encontrado otra institución-organización mejor que la Universidad para el desarrollo de la investigación de frontera.

Un verdadero impulso a la investigación aplicada y al desarrollo tecnológico de largo plazo requiere de un empuje simultáneo de la ciencia básica, y eso no se está observando en la realidad mexicana.

Por otro lado, en las universidades y centros de investigación, directivos, profesores-investigadores y funcionarios nos hemos dejado arrastrar, en forma miope, por las corrientes empresariales y neoliberales, como si las empresas y el mercado fueran las instituciones absolutamente transparentes y los modelos ideales (la realidad ha demostrado que las empresas y el mercado también pueden ser muy corruptos). La afirmación de que el mercado es completamente limpio y transparente no es más que un mito, el problema es que ese mito se ha importado por las percepciones y cogniciones de las universidades.

En México tampoco se han hecho esfuerzos serios por estructurar clusteres de empresas científico-tecnológicas, y eso es una condición histórica, en trabajos anteriores (García, 2014; 2015) se concluye que dos de las causas del rezago tecnológico se constituyen por la casi nula demanda de conocimiento (muy pocas empresas son realmente de base tecnológica) y la muy baja inversión en las actividades científicas y tecnológicas. En esta perspectiva, las universidades podrían tener muchas patentes y modelos de utilidad (disponibles en las oficinas de transferencia de tecnología), pero, muy probablemente, habrá pocas empresas o ninguna que se interese por esa tecnología.

En las persuasiones y en el discurso que alienta la innovación desde las universidades, es muy frecuente que se pasen por alto cuestiones macroeconómicas que son indispensables para alentar la concreción de los proyectos tecnológicos. De este modo, con tasas de interés muy altas (casi prohibitivas), depreciación de la moneda, ausencia de políticas industriales selectivas, y sin estrategias comerciales que protejan a las firmas tecnológicas –sobre todo en las fases de arranque y despegue–, la probabilidad de sobrevivencia de las pocas empresas tecnológicas que se abran es muy baja, en el trabajo de García-Galván (2015) se realiza un análisis más detallado de estos asuntos.

Como ya se ha mencionado, los directivos y funcionarios de las universidades y de los centros de investigación, haciendo eco en cascada de las recomendaciones de los organismos multilaterales y de las secretarías de Estado, se han apresurado a fomentar el patentamiento (éste, ahora mismo es objeto de severos cuestionamientos en el propio Estados Unidos), a fundar incubadoras de empresas, a modificar planes de estudio para dotarlos de fuertes dosis de emprendedurismo y a promover, en general, la comercialización del conocimiento. Sin embargo, hasta el momento esas estrategias no han sido exitosas, o al menos han resultado insuficientes. Por ejemplo, si no hay empresas interesadas en solicitar las licencias de las patentes, entonces existe la necesidad de crear tales empresas, pero ese mecanismo debe acompañarse de otras estrategias fundamentales como:

1. mayor inversión para escalar industrialmente las innovaciones de las universidades;

2. conformación de parques tecnocientíficos que den cobijo a las nuevas empresas parauniversitarias o paraestatales;

3. rediseño de las compras gubernamentales para asegurar un cierto nivel de adquisición de productos y servicios de las nuevas firmas;

4. a partir de la intervención gubernamental inteligente, buscar la conformación y consolidación de mercados complementarios para los nuevos bienes y servicios;

5. conformación de redes de logística internacional para la promoción de los productos tecnológicos universitarios;

6. estrecha vinculación de la universidad con las empresas tecnológicas, pero al mismo tiempo continuar con, al menos, los servicios de consultoría para las firmas tradicionales (de manufactura y de maquila);

7. estructurar un menú de opciones de innovación que podría llevarse a escala industrial y comercial, ya que de ninguna manera las patentes pueden considerarse como sinónimo de innovación. El menú podría incluir ferias científico-tecnológicas, multiplicar los premios a la investigación tecnológica en las instituciones de educación superior, la consultoría científico-tecnológica avanzada, la colaboración tecnocientífica en proyectos conjuntos, la integración de consorcios de investigación y las alianzas tecnológicas estratégicas;

8. todas las estrategias anteriores podrían apoyarse a partir de la fundación de una banca de desarrollo que atienda las necesidades de inversión de los proyectos tecnológicos con génesis en las universidades y en los centros de investigación. Esta nueva banca de desarrollo tecnológico podría operarse como una extensión del Conacyt y de la ANUIES.

CONCLUSIONES

El impulso a la investigación científica y tecnológica es una condición necesaria para aspirar a un crecimiento y desarrollo económico sostenidos (concretados en mayores niveles de bienestar en el marco de la economía basada en el conocimiento), en los que las universidades actúan como actores centrales. Sin embargo, en este documento se ha sostenido que la adopción y utilización de las nociones y mecanismos de gestión de las empresas privadas y del libre mercado no son adecuadas para fomentar verdaderamente el desarrollo científico-tecnológico de México.

Las políticas públicas de ciencia y tecnología en el país han sido imbuidas por los planteamientos del libre mercado (competencia, propiedad intelectual, activos intangibles, comercialización, mercados tecnológicos, satisfacción del cliente, búsqueda de ganancias, entre otros), que por las propiedades del conocimiento de frontera (incertidumbre, indivisibilidad, acumulatividad e inapropiabilidad) conlleva fallas de origen. En consecuencia, las estrategias implementadas por las instituciones-organizaciones (universidades) encargadas de promover la ciencia y la tecnología carecen de argumentos sólidos para solucionar el problema del rezago que padecemos en estos ámbitos.

Por último, es preciso señalar que las necesidades de desarrollo tecnológico en el país no tienen que atacar las fuentes originales de su inspiración (la ciencia básica); más bien, el impulso de ambos tipos de investigación es crucial. Asimismo, la subordinación de los intereses de las universidades a los deseos de los empresarios (tradicionales) no es camino a seguir. Por tanto, la interacción con los otros actores económicos, políticos y sociales debe garantizar negociaciones en condiciones de igualdad. Tampoco debe perderse de vista la función crítica que tiene la universidad.

* Universidad Autónoma de Baja California.

Contacto: rodocec@yahoo.com.mx

REFERENCIAS

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