¿A quién le pertenece la ciencia? Apuntes para una discusión

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VERONIKA SIEGLIN SUETTERLIN*

CIENCIA UANL / AÑO 18, No. 73, MAYO-JUNIO 2015

La ciencia ha experimentado grandes y acelerados cambios; se ha convertido en la fuerza productiva más importante del siglo XX y del XXI. La investigación científica es hoy en día el pilar fundamental de la innovación y, por ende, de la competitividad de las empresas. Las empresas necesitan a la ciencia; pero, con excepción de las muy grandes, pocas están dispuestas a mantener costosos departamentos de investigación científica.

Tanto en México como en muchas otras partes del mundo, la ciencia se ha desarrollado fuera de las empresas: en universidades públicas y en centros públicos de investigación científica, principalmente. Por su autonomía, su estatus público y el financiamiento gubernamental, estas instituciones han sostenido históricamente un compromiso con toda la sociedad. Los/las científicos/as han colaborado con empresas grandes y poderosas, al igual que con pequeños productores en la ciudad y el campo. Se han ocupado tanto de los problemas de la población pobre y marginada como de movimientos sociales y organismos gubernamentales. A partir de cierto momento, y ante las presiones de competitividad en la era global, a esta gran diversidad de beneficiarios y temas de investigación la ha identificado el sector empresarial como disfuncional. Por consiguiente, ha pujado por una mayor articulación de las ciencias naturales y tecnológicas hacia sus propias necesidades, al instar a que gobiernos nacionales y entidades supranacionales desarrollaran mecanismos que acercaran la ciencia pública a las necesidades de las empresas.

¿Pero cómo lograr que una ciencia pública y relativamente autónoma priorizara, en adelante, las necesidades específicas de un solo sector social y relegara las de otros? El paradigma neoliberal, que a lo largo de las últimas tres décadas ha orientado la reorganización de la sociedad en función de los principios del mercado (oferta-demanda; costo-beneficio), proporcionó la solución. En lugar de emprender una ardua e incierta labor de convencimiento para que la comunidad científica priorizara a las empresas en la selección de sus temas de investigación, las organizaciones supranacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OECD, por mencionar algunas) y los gobiernos nacionales optaron por una política más directa, radical y, sin duda, brutal: recortaron los presupuestos gubernamentales a las universidades públicas para obligarlas de este modo a buscar fuentes de ingreso complementarios mercantilizando sus servicios educativos e investigativos. En otras palabras, se optó por hundir a las instituciones científicas en una crisis financiera, con el fin de ablandar las resistencias esperadas en contra de la creciente articulación de la ciencia pública con las necesidades de los capitales.

Para que dicho trayecto fuese factible, las universidades públicas necesitaban introducir cambios fundamentales en sus políticas y en su estructura organizacional. Se requirió, en particular, a una nueva gerencia universitaria capaz de dirigir este proceso de transformación hacia el rumbo deseado. La gerencia empresarial, orientada a la maximización de ganancias y la reducción de costos mediante la explotación óptima de la fuerza de trabajo, así como su miramiento en la mercantilización de todos los productos posibles, sirvió como modelo a seguir. Pero este modelo orienta a las instituciones académicas públicas a producir conocimientos y recursos humanos para vender; en lugar de generar conocimientos y recursos humanos que contribuyan a resolver los problemas de toda la sociedad y a mejorar las condiciones de vida de toda la población.

La articulación de las universidades públicas al mercado no perjudica necesariamente a las IES públicas: según las habilidades de sus gerentes, algunas podrán encontrar éxito en el mercado y amasar sus propias fortunas. El gran perdedor de este cambio es, empero, la sociedad entera –sus sectores sociales mayoritarios– por una simple y sencilla razón: los intereses de la mayoría de la población no importan a las empresas. Éstas producen para sus clientes, es decir, para quienes tengan la capacidad financiera de adquirir sus productos y servicios. Aquellas personas, grupos y sectores sociales sin capacidad de paga no pueden convertirse jamás en sus “clientes” o en sus “beneficiarios” y – si este modelo se aplica a las universidades públicas– de la ciencia misma.

Este viraje en la relación de las universidades públicas y la ciencia, que se desarrolla allí, no fue discutido con la comunidad científica y académica. Se introdujo desde arriba, y a los investigadores científicos y a los académicos sólo se les asignó un lugar en la instrumentación y ejecución de esta nueva orientación. Con ello se evitó la discusión de una pregunta complicada y –para algunos sectores sociales– incómoda pero necesaria: ¿a quién pertenece la ciencia pública? ¿A las empresas que pueden adquirir sus productos y servicios? ¿Al gobierno? ¿A los administradores universitarios? ¿A los científicos, o al pueblo mexicano? ¿A los millones de pequeños contribuyentes, empobrecidos en su gran mayoría como efecto de las políticas neoliberales, quienes financian con el pago de sus impuestos el presupuesto gubernamental para ciencia y tecnología? La pregunta está ahí. Necesitamos una respuesta.

* Universidad Autónoma de Nuevo León.
Contacto: veronika.sieglinst@uanl.edu.mx